La jueza de Garantías Penales decidió liberar a 14 de los 27 procesados que cumplían prisión preventiva por su supuesta participación en los actos violentos ocurridos en la Contraloría, el pasado 12 de octubre.

Punto Noticias.- Con carteles, banderas y consignas, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), familiares y amigos de los 27 investigados por el incendio de la Contraloría General del Estado durante las protestas en contra de las medidas económicas, llegaron hasta el Complejo Judicial Norte para solicitar su libertad.

Y lo hicieron en el marco de la audiencia de reformulación de cargos que inició este viernes 15 de noviembre a las 11h00 y se extendió hasta las 17h00.

La Fiscalía General del Estado pidió reformular cargos en contra de los 27, quienes en un inicio fueron acusados por el delito de terrorismo. Sin embargo, al no encontrar elementos suficientes se los procesará por sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

Las nuevas figuras penales se encuentran tipificadas en los artículos 345, 346 y 347 del Código Penal. El delito de sabotaje se configura si una persona destruye instalaciones para la prestación de servicios públicos, con el objetivo de “trastornar el entorno económico del país o el orden público”. El máximo de la pena llega a los 10 años.

La Fiscalía también pidió que se mantenga la prisión preventiva en contra de los detenidos. No obstante, la jueza Luz María Ortiz, que estuvo a cargo de la audiencia de reformulación de cargos, ordenó medidas sustitutivas para que puedan defenderse en libertad.

“Ordenó la presentación periódica de cada 8 días en el caso de nuestros defendidos en cada una de las provincias y la otra medida es la prohibición de salida del país”, explicó Mariana Rumbay, abogada de los procesados.

Con la reformulación de cargos se amplía 30 días más la instrucción fiscal pero ahora todos los 27 procesados se defenderán en libertad.

“El Estado y los fiscales tienen ese derecho, no nos oponemos, que investiguen, pero que determinen la responsabilidad en base a hechos”, dijo Ernesto Pazmiño, abogado de los procesados.

FUENTE: Redes Sociales / El Comercio