La fiscal general, Diana Salazar, dio más argumentos este viernes 5 para cuestionar el otorgamiento de medidas cautelares para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en vez de dictar prisión preventiva en el caso por presunta corrupción en adquisiciones de insumos médicos y pruebas rápidas para COVID-19. Dijo que la intención de Morales era huir. Mientras, la Contraloría General del Estado emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal en compras durante la emergencia.

Salazar señaló que la necesidad de solicitar la prisión preventiva tiene que ver incluso con estándares internacionales que corresponden al riesgo de fuga y al riesgo de que se pueda interferir en la investigación.

“Estos dos parámetros fueron expuestos claramente por la fiscal provincial del Guayas (Yanina Villagómez) durante la audiencia. Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, su esposa e hijastros, ya están prófugos”, indicó la fiscal.

Agregó: “El señor Morales no fue detenido en su casa, los teléfonos los dejó en la Prefectura, justamente para evadir a la justicia. Él pretendía huir”. Pero para Carlos Luis Sánchez, defensor del prefecto, la prisión preventiva es una medida de último ratio.

“En tres días investigaron (Fiscalía) y ya tenían la boleta de detención, hacen allanamientos, detienen personas, les formulan cargos y les privan de la libertad…”, refirió.

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Pero al mediodía, la Contraloría General del Estado indicó que aprobó dos informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) por la existencia de una diferencia no justificada de $345 020.

El contralor Pablo Celi remitió los exámenes de control a la Fiscalía para su análisis. Estos incluyen una primera investigación de la adquisición de 70 000 mascarillas KN-95 y 5000 pruebas rápidas COVID-19 por $585 500, en la cual se observó un incremento del 123 % en el contrato.

El equipo auditor había realizado una comparación con otras compras públicas, y en ese análisis efectuado se observó que la Prefectura del Guayas, liderada por Carlos Luis Morales, canceló $6,71 por unidad de mascarilla y $23,16 por cada prueba rápida, cuando se constató que los mismos insumos tienen un valor de $3 y $11,20, en su orden.

Por ello, se determinó que el costo total no debió superar los $210 000, existiendo una diferencia de $259 700, según los valores del mercado.

Morales tiene prohibición de salida del país, debe presentarse semanalmente ante el juez y debe llevar un grillete electrónico. Al volver a su despacho, el pasado jueves, Morales no tenía el dispositivo y su abogado manifestó que no había en existencia.

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Pero este viernes en la mañana, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) indicó que Morales y otros seis involucrados en la investigación por presunta asociación ilícita debían acudir al Centro de Detención Provisional (CDP) para la instalación de los dispositivos electrónicos.

Pasado el mediodía, personal del Centro Provisional de Detención de Guayaquil colocó el grillete electrónico al prefecto Morales e hizo circular una foto del proceso.

Morales, el jueves, dijo que estaba dispuesto a apoyar las investigaciones de la Fiscalía.

Este viernes, pasadas las 17:00, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, publicó en cuenta de Twitter que ella y los alcaldes del Partido Social Cristiano decidieron presentar ante el pleno del Consejo Provincial el pedido de destitución inmediata de Morales.

Ante los hechos de conocimiento público, los Alcaldes de la @LA6MDG de la provincia del Guayas decidieron presentar ante el pleno del Consejo Provincial la destitución inmediata del Prefecto Carlos Luis Morales

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) June 5, 2020

Datos relevantes

70 000

mascarillas KN-95 y 5000 pruebas rápidas COVID-19 compró la Prefectura por $585 500.

123 %

De incremento sobre los precios regulares detectó la Contraloría en las compras de la Prefectura. (I)