La falta de presupuesto para la conservación ambiental es un punto débil.

Punto Noticias. El Pleno de la Legislatura aprobó el informe de la Comisión de Soberanía sobre el cumplimiento de la Resolución por la cual la Asamblea condenó la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo, adoptada el 4 de agosto de 2020.

La mesa recomienda que el documento sea remitido a la Comisión de Fiscalización, para que inicie acciones de control político en contra del director general del Centro de Inteligencia Estratégica, Juan Sebastián DeHowitt Holguín, quien habría impedido, de forma sistemática, la entrega de información relevante para el caso.

Entre otros aspectos, el documento concluye que la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva de Ecuador continental y la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, atenta contra especies en peligro de extinción y de toda la biodiversidad marina presente en la zona.

Advierte que hubo cadenas de desinformación y falta de actuación de las autoridades, como el Consejo del Régimen Especial de Galápagos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente, ya que las acciones de pesca ilegal en la zona cercana a las Islas Galápagos no solo han ocurrido en 2020, sino de manera recurrente.

La mesa reconoce que las acciones desarrolladas por parte la Armada Nacional del Ecuador han estado enmarcadas en la normativa legal vigente y en cooperación internacional regional, que han permitido la captura del Buque Chino en el año 2017 y determinar la aproximación de la flota pesquera en 2020. Sin embargo, las actividades de vigilancia, inspección, protección y detención que debe realizar la entidad no pueden ser cumplidas con rigurosidad por la falta de partidas presupuestarias, subraya.

El informe será remitido a los organismos de control, instituciones públicas y privadas relacionadas con esta materia, a fin de que se consideren las 33 conclusiones y 31 recomendaciones formuladas por la Comisión para corregir la actuación de las autoridades dedicadas a la regulación y control de la pesca ilegal.

Los legisladores escucharon a César Peñaherrera, representante de la Fundación Migramar, quien advirtió que la pesca ilegal y la sobrepesca afectan los recursos marinos, situación que pone en riesgo la sostenibilidad del sector pesquero a nivel nacional. Las más de 40 mil familias que viven de esta actividad ven disminuidas sus posibilidades de desarrollo, señaló.

Muchas especies de tiburones y rayas tienen un problema crítico, están declinando; algunas de ellas ya no se ven en la costa ecuatoriana, sí en Galápagos, pero con un número reducido. Si se permite que exista una pesca no regulada, muchos de los recursos marinos desaparecerán, insistió. Demandó la adopción de medidas para controlar la pesquería ilegal.

María Cristina Cely, directora de One Health Ecuador, alertó que Galápagos dejó de ser una de las reservas marinas más grandes del mundo. Hoy está entre las 30 más importantes, cuando décadas atrás era parte de las 10 primeras. Explicó que la pesca ilegal se refiere a la actividad pesquera prohibida en alta mar, que se realiza fuera del marco jurídico nacional e internacional, con embarcaciones fantasmas, las cuales apagan sus instrumentos para no ser detectadas por los radares.

También, realizan pesca ilegal los barcos que cuentan con tripulación sin documentos, no tienen los permisos exigidos por la ley, presentan identificación alterada o usan artes de pesca prohibidas, como el palangre. La pesca ilegal no tiene bandera ni nacionalidad y afecta a los recursos marítimos, todo lo cual demanda medidas urgentes para monitorear y evitar estas prácticas, apuntó.

El asambleísta Fernando Flores, ponente del informe, comentó que algunos de los puntos de vista expuestos por María Cristina Cely han sido acogidos por la Comisión de Soberanía. Agregó que en el informe se recomienda abrir un diálogo con las autoridades chinas para solucionar esta problemática.

Marcela Aguiñaga criticó la reducción del presupuesto del Estado para la conservación ambiental, que ha sido uno de los sectores más golpeados en el país. Aseguró que la posición de la Asamblea debió ser mucho más enérgica, de manera que se determinen los responsables de una política permisiva respecto del ingreso de embarcaciones extranjeras en la zona económica exclusiva de Galápagos.

Fuente: Asamblea Nacional.