Si las promesas del anterior gobierno de Rafael Correa y del actual se hubiesen concretado, esas infraestructuras, que quedaron afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, ya estarían funcionando.

A cuatro años de esa tragedia, que provocó 671 personas fallecidas principalmente en Manabí y Esmeraldas, la operatividad de esos hospitales es una deuda pendiente.

El Napoleón Dávila en Chone debía entregarse en marzo, pero hay retrasos que los pudo constatar la semana pasada el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Durante una visita señaló que esta debe prestar servicio en poco tiempo y ante ello pidió celeridad.

“Lo del terremoto es penoso, los manabitas lo conocen mejor que yo, tanto dinero que era tan necesario en muchos casos mal utilizado, pero eso ya está en manos de la justicia; nuestro trabajo hoy no es lamentarnos sino, insisto, buscar justicia, transparencia y tratar de terminar esos proyectos que por esa mala gestión no se pudieron hacer”, dijo Sonnenholzner.

Días atrás, María Auxiliadora Bravo, presidenta de la Junta Cívica, pidió a las autoridades nacionales brindar una solución hospitalaria urgente a Chone y los cantones vecinos.

El asambleísta manabita Guillermo Celi lamentó que después de cuatro años del terremoto no se haya hecho el hospital de Pedernales y que el hospital de Especialidades (Portoviejo) no funcione más allá de un 20 %.

“Esto es un problema grave ahora más que nunca cuando estamos en plena emergencia por el COVID-19 y tenemos a Manabí como una de las principales provincias tras Guayas con un alto índice de muertes”, señaló Celi.

Julián Phillips, integrante de la veeduría ciudadana para la contratación del hospital para Pedernales, dijo que ahora más que nunca se requiere de una infraestructura hospitalaria que reemplace al hospital móvil, que por la premura requiere una repotenciación.

Pero la falta de hospitales no es el único problema, pues aún hay gente sin casas.

Elizabeth Molina, delegada del presidente ante el Comité de la Reconstrucción, señaló que el gobierno anterior le proporcionó los recursos al Miduvi, que hizo una proyección de casas, un análisis y entregó un número de viviendas.

Se supone, según la funcionaria, que con ese número se iba a solventar el 100 % de las necesidades de las casas caídas y Reconstrucción en aquel tiempo entregó todo el rubro al Miduvi. “Lamentablemente el Miduvi tuvo contratistas que tuvieron un mal manejo de las obras”, expresó Molina.

Lo más preocupante, según Molina, es que actualmente dentro de la línea de crédito de los recursos con que cuenta (y que ya ha comprometido) no hay dinero para el rubro vivienda. Se busca iniciar juicios de coactiva en contra de contratistas incumplidos.

El Comité de Reconstrucción manejó desde su creación unos $3000 millones y en la actualidad no existen recursos de la Ley de Solidaridad, pero cuenta con recursos comprometidos en algunas obras. (I)

‘Hay fondos que se tendrán que reconsiderar por crisis’

Los rubros comprometidos para las obras priorizadas seguirán, pero el saldo que quedará podría ser reconsiderado con las necesidades cambiantes frente al actual panorama que plantea el coronavirus, indicó Elizabeth Molina, delegada del presidente ante el Comité de Reconstrucción.

La funcionaria dijo que la pandemia ha cambiado muchas cosas y habrá que hacer evaluaciones.

Molina dejó en claro que aún faltan recursos por comprometerse del crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero que aquellos dineros que aún no se han destinado se tendrán que reconsiderar, más aún con lo que dejará la presencia del COVID-19. Las líneas son claras, dijo, el BEI está apuntalando a servicios básicos, agua, alcantarillado, salud.

El Comité de Reconstrucción mantiene acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones que comprometió un crédito por unos 175 millones de dólares, de los cuales una gran parte de ese empréstito ya está proyectada en obras.

Según Molina, en la actualidad están avanzando en su gestión o a un paso del proceso precontractual de obras como son once edificios.

Entre esas obras se incluyen para los Cuerpos de Bomberos de Manabí y Esmeraldas, el mercado para Calceta, el alcantarillado para Pedernales, el encauzamiento de quebradas en Bahía de Caráquez, centro comercial de Portoviejo y más.

La semana pasada, este Diario, por medio funcionarios de las áreas de comunicación de los municipios de Portoviejo y Manta, hizo varias preguntas a los alcaldes de esas urbes, Agustín Casanova y Agustín Intriago, respectivamente, pero hasta el mediodía de ayer no se obtuvo ninguna respuesta. (I)

Piden que se acelere indagación por anomalías en obras

Portoviejo

Que se fiscalice hasta las últimas consecuencias y se halle a los responsables de los incumplimientos de obras que se planearon por el terremoto es uno de los pedidos constantes que se realizan en Manabí.

Julio Villacreses, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, núcleo de Manabí, indicó que esta entidad ha mocionado dos acciones; primero, que el contralor general del Estado deje insubsistente un recurso de revisión realizado el 13 de septiembre del año pasado; y segundo, que la fiscal general del Estado concluya la indagación, y llamar a juicio para lo que considera fue un mal manejo de los recursos.

Según Villacreses, se solicita que el contralor Pablo Celi reconsidere el recurso de revisión número 059440 del 13 de septiembre de 2019, por el cual habría dejado en la impunidad a funcionarios que conformaron el Comité de Reconstrucción, que en sus inicios fue presidido por el exvicepresidente Jorge Glas.

Según se conoció, en una sesión dos días antes de la posesión del actual mandatario Lenín Moreno, aprobaron cerca de 600 contratos.

Francisco Bravo, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), indicó que las obras hechas durante los inicios del Comité de Reconstrucción muy poco han servido a la gente y que el manejo de los recursos de los fondos de la reconstrucción fue un desastre.

Señaló que aún hay obras abandonadas como la vía Manta-Colisa, donde se han invertido unos $100 millones y que realmente no ha habido una reactivación económica.

“Vemos, por ejemplo, el tema de las demoliciones, que también generan un grave perjuicio a los fondos de la reconstrucción. Imagínese que no aparece ni una varilla de acero de las demoliciones…”, expresó Bravo.

Bravo señaló que a través del CPCCS hará un exhorto a la fiscal Diana Salazar para que acelere los procesos de indagación sobre los destinos de los fondos de reconstrucción. Además, agregó que realizará el mismo pedido al contralor del Estado, Pablo Celi, para que declare en emergencia el control gubernamental a los fondos que se destinaron para rehabilitar las poblaciones afectadas por el terremoto. (I)