La demanda internacional presentada denuncia una serie de violaciones a los derechos humanos de Piña.

Punto Noticias. Según la Corte Constitucional, hubo vulneración a las garantías constitucionales, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de David Piña, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de Karina del Pozo, en 2013, en Quito.

Con esta resolución, la Corte dejó sin efecto el auto devolutivo del 13 de diciembre de 2018 por el que el tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de revisión presentado por la defensa de Piña. Ordenó, además, el envío de la causa para que un nuevo tribunal de la referida sala de la CNJ continúe con la sustanciación del recurso de revisión, ratificó Francisco Paredes, abogado de Piña.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado trámite a la petición de revisión de este caso e inició la fase de admisibilidad, superando la etapa inicial de revisión. Para el jurista, este avance es muy importante porque entre un 80-90 por ciento de los casos que superan esta etapa llegan a instancias finales con una sanción hacia los estados.

Paredes comentó que defienden, a nivel internacional, que Piña sufrió una serie de vulneraciones a sus derechos humanos, a su integridad física, por la tortura en la cárcel, violaciones del debido proceso por las circunstancias en que fue juzgado; además, la privación indebida de su libertad.

Que se encuentre y sancione a los responsables de estas violaciones es lo que busca la defensa de David Piña, según señaló el jurisconsulto.

En esta parte, el Estado ecuatoriano tiene tres meses para responder a la CIDH. Seguramente, solicitará una ampliación de un mes más, que lo puede hacer, y después habrá una pequeña posibilidad de actualizar el caso, informando sobre las decisiones tomadas a nivel nacional, intentando reforzar la defensa internacional, explicó el abogado.

A su criterio, el caso de David Piña será un precedente importante, a nivel nacional e internacional, porque el Estado, cuando tiene personas dentro de su control bajo el nivel penitenciario, tiene un deber reforzado de garantizarles seguridad y evitar que las personas privadas de libertad tengan afectaciones a su vida digna, lo que ocurrió en este caso, con torturas, tratos inhumanos y degradantes, con una violación sexual de la que fue víctima.

Lo que se discutirá ante la CIDH son al menos cuatro puntos, como temas de competencia, de agotamiento de recursos internos, el plazo de presentación de la petición realizada, si existe duplicación de procesos y si se caracteriza de manera debida la vulneración de derechos de Piña, describió Paredes.