La CONAIE rechazó esta decisión y, a su criterio, la Fiscalía “no presentó pruebas suficientes ni sustentó adecuadamente el caso”.

Punto Noticias. En su tercer día de audiencia de evaluación y preparatoria, este miércoles 31 de marzo de 2021, la jueza penal de Pichincha, Ana Guerrón, llamó a juicio a 27 personas por los presuntos delitos de sabotaje, paralización de servicio y destrucción de registros, ocurridos en la Contraloría General del Estado (CGE), durante el paro de octubre de 2019.

En su mayoría indígenas, fueron detenidos el 12 de octubre de 2019 al interior de la Contraloría, edificación que se incendió en el marco de los 11 días de manifestaciones en contra del Decreto 883, que pretendía la eliminación de los subsidios a las gasolinas.

Ahora, los 27 procesados deberán defenderse en juicio sobre los delitos imputados. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), la Fiscalía “no presentó pruebas suficientes ni sustentó adecuadamente el caso”.

Criticaron la decisión de la jueza Guerrón de dicta auto de llamamiento a juicio a todos los involucrados. “No más criminalizados”, señala la organización indígena.

El caso llega a su etapa de juicio, un año después de que la jueza declaró la nulidad parcial del expediente, debido a que la mayoría de las defensas alegaron vicios de procedimiento de fondo. Argumentaron, en su momento, que estaban en indefensión porque no contaron con un peritaje sociológico y antropológico de los acusados, al ser indígenas.

Esta tarde, la jueza declaró la validez del caso y rechazó los argumentos de los supuestos vicios de nulidad.