La Comisión recomienda al Estado de abstenerse de incurrir en prácticas de detención masiva, colectiva o indiscriminada.

Punto Noticias.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió un plazo de 15 días al Estado ecuatoriano para que colabore con la entrega de información relativa al número de personas privadas de la libertad en el contexto de la represión de las protestas y crisis social en Ecuador.

La CIDH en una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, solicitó que esa información incluya el número de personas detenidas entre el 3 y 13 de octubre; el número de personas sujetas a proceso penal, así como las que han sido condenadas y excarceladas.

En este contexto, la CIDH exhortó a que se indiquen nombres, lugar en dónde se encuentran, así como su situación legal.

Además, la Comisión recordó que “las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas deben cumplir estrictamente con todos los requisitos impuestos por los estándares internacionales en la materia, incluyendo que los Estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detención masiva, colectiva o indiscriminada”.

A esta resolución llegó la CIDH, luego de haber sido informada de la detención y encarcelamiento de personas asociadas a la política nacional por su posible participación en la organización y desarrollo de las manifestaciones sociales ocurridas en Ecuador durante los últimos días.

En esta lista están: Alexandra Arce, alcaldesa de Durán; Christian González y Pablo del Hierro; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el asambleísta Yofre Poma.

Además, la CIDH tiene conocimiento de que Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional, y su cónyuge; Carlos Viteri, asambleísta nacional, y su cónyuge, Tania Pauker; Leónidas Aníbal Moreno Ordóñez, procurador síndico de la Prefectura de Pichincha; Virgilio Hernández; y Gabriela Rivadeneira han solicitado protección internacional en la sede diplomática de los Estados Unidos Mexicanos en Quito.

Bajo estas circunstancias, la Comisión insistió al Estado ecuatoriano que los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria.

Esta información fue proporcionada por los miembros de la CIDH a la defensa de la prefecta Paola Pabón, quien permanece detenida por el presunto delito de rebelión.