Además, la resolución comprometía a la Legislatura iniciar un juicio político en contra de la exministra de Salud, Catalina Andramuño, por incumplimiento de funciones durante la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de la COVID-19, y por negarse a informar a este poder del Estado.

La resolución propuesta por la legisladora, María José Carrión (exintegrante de Alianza PAIS), planteaba un reconocimiento a los médicos y trabajadores del sistema de salud público, que se garantice estabilidad laboral, fue el ancla para incluir al menos cinco temas más.

Durante cuatro horas de debate, todas las fuerzas políticas de la legislatura se pronunciaron para que se exija al presidente de la República, Lenin Moreno, que solicite la renuncia a Granda, pero previo a la votación, Carrión, ablandó el texto en esta parte de la resolución, y eso evaporó los votos de los asambleístas independientes, socialcristianos, correistas, CREO y otros.

Lourdes Cuesta (antes de CREO), dijo que no podían aprobar una resolución donde simplemente se exhortaba la renuncia a Granda, cuando durante todo el debate se habló de exigir la renuncia a Granda. Lo cual molestó a los bloques, y por eso no pasó la resolución que se quedó con 54 votos a favor.

Antes, la Asamblea recibió la comparecencia de Granda, quien deslindó responsabilidades en el escándalo de un supuesto sobreprecio en la compra de insumos médicos como mascarillas para los hospitales del seguro social en el país; pues dijo que él no era el responsable de los procesos de contratación, sino el órgano ejecutivo de la institución.

En tanto que, legisladores como Cristina Reyes (PSC); Jeannine Cruz (CREO), Freddy Alarcón (BADI); y, Biron Valle (RC), pidieron a Granda que presente su renuncia, que dé un paso al costado porque -aseguraron- ha fallado al país, por las supuestas omisiones cometidas en la contratación de insumos médicos y por pretender asignar a una empresa que ni siquiera tenía oficinas y menos pagaba impuestos.

Al final de la comparecencia, Granda dijo a los parlamentarios que no se aferra a ningún cargo público, que el momento en que el mandatario considere que deba retirarse, él lo hará.

El funcionario, en la sesión virtual 660 de la Legislatura, luego hacer una rápida exposición sobre su gestión, explicó que en el contrato de insumos médicos para emergencia por coronavirus, lo único que hizo fue “empujar a que las compras se hagan rápido, porque el desabastecimiento en nuestros hospitales se veía venir”.

Que de la información que recabó, para la compra de las mascarillas se solicitó la cotización a 20 personas naturales y jurídicas; pero que se presentó cotizaciones por parte de siete oferentes, entre ellos la empresa Almantop S.A. y que, tras un análisis comparativo se determinó que, de las siete cotizaciones, esa era la más conveniente, y determinó que su utilidad sería de 20 %.

Tras la suscripción de la orden de compra, añadió, se procedió a suspender esa disposición por la denuncia realizada en redes sociales. El funcionario reiteró, ante los legisladores, que no se realizó ningún tipo de desembolso.

Indicó que, ante la denuncia de supuesto sobreprecio, actuó de inmediato y pidió un examen a la Contraloría General del Estado, informó a la Fiscalía General del Estado y además entregó la información a la Secretaría anticorrupción de la Presidencia de la República.

Señaló que, a los dos días y medio del escándalo, se tomó la decisión de remover al director general del IESS, Ángel Loja, porque al ser una adquisición que superaba el límite para el cual él estaba autorizado, no había consultado al Consejo Directivo y era razón suficiente para la remoción. También se determinó que se realice una investigación a los funcionarios que intervinieron en el proceso de emergencia. A más del director general, fueron removidas la directora de servicios corporativos y la directora nacional de contratación pública, reveló.

Granda acentuó que conoce a Loja desde 2104, y que no puede decir nada malo de él; mientras lo conoció, a su criterio, fue honesto y regular; sin embargo, si es que se cometió un error y su actuación en este proceso no fue adecuada, a quien le corresponde investigar y juzgar es a Contraloría y a Fiscalía.

La máxima autoridad del Consejo Directivo del IESS alertó que, luego de tomar esas medidas, le preocupa que no ha sido fácil conseguir los insumos médicos; por lo que dispuso que sean las unidades médicas las que adquieran los materiales, y que se tomó contacto con el Ministerio de Salud y organismos internacionales para continuar con los procesos de adquisición de insumos necesarios para luchar contra la pandemia.

Finalmente, cuestionó que a pesar que se suspendió el contrato de compra de mascarillas y que no se haya hecho ningún desembolso, ha sido objeto de cualquier afirmación en redes sociales.

La asambleísta Cristina Reyes indicó que se suma a la rabia de los ciudadanos y que se insulta a la inteligencia cuando el funcionario afirma que no sabía nada de lo que estaba pasando. «Este nuevo atraco lleva como símbolo esa mascarilla que justamente lleva puesto, esa mascarilla con sobreprecio”, le dijo.

Cruz manifestó que es el momento que Granda dé un paso al costado, presente su renuncia porque el IESS ha sido saqueado, porque se intentó meter la mano a la seguridad social y porque en plena crisis humanitaria es miserable jugar con este proceso doloroso que atraviesan los ecuatorianos.

Freddy Alarcón (BADI) afirmó que es “cruel, criminal querer robarle al pueblo ecuatoriano en estos momentos de dolor y lágrimas; por qué nadie verificó a la empresa que se pretendía dar un contrato a dedo”, preguntó. (I)