La alerta por una nueva variante del COVID-19, más contagiosa, tomó a Ecuador con la guardia abajo. Las condiciones para monitorear el avance del virus no son las mejores, pues en diciembre el testeo se redujo. La toma de muestras y el procesamiento de pruebas tuvieron los peores registros de los últimos cuatro meses, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP).

De acuerdo con esas estadísticas oficiales, octubre fue el mes con mejor capacidad de testeo. En ese mes se procesaron incluso pruebas que llevaban meses represadas; se alcanzaron los 133.414 exámenes. En diciembre, en cambio, se procesaron 91.342. Hubo una reducción del 32% entre ambos meses.

La contracción también se dio en la toma de muestras. En octubre se recolectaron 114.189; mientras que en diciembre, 96.944. Esto significó una caída del 15 %.

Ecuador y Bolivia son los países que menos pruebas per cápita han realizado en Sudamérica. Ecuador ha hecho 42 exámenes por cada mil habitantes, muy lejos del líder de la región, Chile, con 339.

EL UNIVERSO solicitó una entrevista al MSP, pero no fue atendida.

Para la epidemióloga Andrea Gómez Ayora, la situación es peor de lo que las estadísticas dejan ver. Un análisis realizado por ella hace dos semanas mostró que no solo ha disminuido el procesamiento de exámenes sino que muchas de esas pruebas corresponden a personas que se enfermaron hace dos o tres meses.

“Eso no permite tomar decisiones preventivas rápidas… cuando hay aumento en la ocupación de camas en los hospitales, ahí es cuando recién les llama la atención a la autoridades”, critica Gómez.

Un correcto testeo, añade, sería que por cada paciente diagnosticado con COVID-19 se hagan diez pruebas en su entorno cercano. Así se podría detectar a personas asintomáticas y cercar el avance del virus, señala.

Eso no sucede en el país por falta de reactivos. Ernesto, un abogado quiteño de 35 años, tuvo síntomas parecidos al del COVID-19 en agosto, cuando la capital pasaba por la peor ola de la pandemia.

Estaba asustado. Llevaba semanas yendo a los juzgados, donde se concentraba mucha gente. Sentía dolor de cabeza, de garganta y de articulaciones; también tenía flema y congestión nasal.

Como no tenía dinero para ir a un laboratorio privado, donde los exámenes llegan a los $ 120, fue al hospital público Eugenio Espejo. Cuenta que solo quienes tenían baja saturación de oxígeno en la sangre y fiebre podían acceder a una prueba. De hecho, si tenían esos síntomas, ya eran internados en el hospital por 24 horas hasta conocer el resultado del test.

Esto fue lo que más temor le dio. “¿Qué tal si me ingresan y al día siguiente mi examen sale negativo? Lo más seguro es que me contagie ahí”, pensó. Pero al final no cumplió con los requisitos para la prueba. Se quedó sin acceso al test a pesar de que creía que la posibilidad de tener el virus era muy alta.

Santiago Aguirre, gerente general Synlab Ecuador, señala que la capacidad de los laboratorios privados para hacer pruebas de COVID-19 está sobredimensionada con respecto a la demanda actual. Su empresa, por ejemplo, tiene capacidad para hacer 5.000 exámenes diarios, pero se están procesando máximo 1.500.

Aguirre considera que eso se debe a las olas de contagio que ocurrieron en la costa al inicio de la pandemia y en la sierra entre junio y agosto. “Ya tenemos una cantidad importante de gente que está inmunizada y ya no necesita hacerse la prueba”, señala.

Otro factor para la disminución de exámenes, añade Aguirre, es que el Municipio de Quito redujo drásticamente su capacidad de testeo.

Era la institución pública que más pruebas aplicaba. Hasta noviembre hizo alrededor de 89.000. Ahora las está realizando en menor cantidad gracias a un convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que adquirió 14.000 exámenes PCR. Además, el Municipio cuenta con otros 10.000 tests que recibió donados por una empresa coreana.

Ximena Abarca, secretaria de Salud del cabildo quiteño, mencionó en una entrevista que para el 2021 van a adquirir 100.000 pruebas PCR y 200.000 de antígeno. Eso abastecería hasta agosto, estimó.

Mientras tanto, el Municipio enfrenta un traspié administrativo. Abrió un proceso para contratar un servicio de diagnóstico de COVID-19, pero una comisión técnica recomendó que el concurso se declare desierto porque hubo errores en las ofertas. (I)