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Jueces y altos mandos de la fuerza pública, con ‘sueldazos’

La nómina estatal fluctúa entre extremos como los más de $8.000 mensuales que gana el presidente del Consejo de Gobierno de las Galápagos y los menos de $900 para los docentes de educación básica.

De una nómina de 510.800 burócratas, dentro del Gobierno Central, solo el 4,99%, es decir, 25.519 personas ganan más de $2.500 mensuales.

En el otro extremo, alrededor del 51% de los funcionarios en el sector público reciben una remuneración de menos de $1.000 al mes. Dentro de esta mayoría están empleados de sectores que, al menos en el discurso, son parte de las prioridades del gasto estatal.

Así, por ejemplo, un profesor de primaria y secundaria, en promedio, accede a un ingreso de $871,5. Ese nivel, que ya es bajo, cae aún más si se habla de una profesora de parvularia para los niños más pequeños. El salario llega a los $527 mensuales.

En este contexto, lo que recibe un docente de educación básica es nueve veces menor que la nómina del puesto mejor pagado en el Gobierno Central. Ese puesto es el del presidente del Consejo de Gobierno de las Galápagos, con un sueldo de $8.033,40.

Si se compara con los $4.869 de un asambleísta, la diferencia es de seis veces; incluso existe una brecha grande con respecto a la situación de un profesor universitario a tiempo completo, cuyo sueldo promedio llega a $3.380,80.

Andrea Núñez, economista e investigadora de manejo fiscal, explicó que uno de los problemas estructurales del país es que no se le da la suficiente importancia e inversión a los niveles de educación elemental y básica.

“De qué sirve destinar tantos recursos a la educación superior si no arreglamos primero los problemas en la base, es decir, en la educación primaria y secundaria pública. La infraestructura ha sido descuidada por años; y las remuneraciones son de las más bajas en el Estado”, acotó.

El Gobierno de Guillermo Lasso, independientemente de que esté dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debe hacer una real revisión de cómo gasta los escasos recursos que tiene; y donde tiene más beneficios la inversión.

Establecer prioridades

De los más de $558 millones que se gastan cada mes en la nómina del Gobierno Central, alrededor del 15%, es decir, $80,89 millones van a los burócratas que ganan más de $2.500.

Otros $204,89 millones llegan al 51% que tiene ingresos menores a $1.000; mientras $272,34 millones se desembolsan a un 34% de mandos medios, técnicos, analistas, asesores y hasta jefes de unidades y departamentos.

Pedro Bolaños, economista y exconsultor de organismos internacionales, comentó que Lasso y su ministro de Economía, Simón Cueva, están frente a un dilema trascendental: examinar quiénes aportan valor y hacer una optimización sensata; recortar a como dé lugar sin mirar dónde se hace; o aplicar la nueva receta del FMI.

Según esa receta, se deben ir descartando la mayoría de los 80.000 contratos ocasionales que todavía están vigentes; e ir cubriendo las vacantes con burócratas contratados con menores sueldos de los actuales.

“En ciertos casos sí puede tener sentido esa vía de solución, pero se debe tener cuidado de no ahondar las desigualdades en la nómina pública. Por ejemplo, una buena parte de los docentes primarios y secundarios están bajos esa modalidad contractual”, puntualizó.

Sin embargo, tampoco es viable un aumento general de sueldos para los docentes de niveles básicos, si antes no se determina fuentes de financiamiento de ese gasto adicional, o dónde se puede recortar para pasar recursos a destinos más prioritarios.

“La ley de educación intercultural, aprobada a inicios de 2021 por la Asamblea, pudo haber tenido buenas intenciones; pero fue irresponsable porque determinó un alza de sueldos sin ninguna fuente adicional de ingresos. Esa es la típica receta para el desastre”, acotó Bolaños.