Irán los líderes o jefes de las bandas delictivas según lo anunciado el 30 de noviembre por el general Orlando Jácome, representante del sistema carcelario, en la reunión que mantuvieron ese día autoridades nacionales y locales para hablar y definir las acciones que se iban a implementar para frenar la ola delictiva en Guayaquil.

Jácome afirmó en esa cita que se alistaban detalles e incluso al personal para reabrir La Roca, como se conoce a la cárcel que en su momento fue catalogada de máxima seguridad y fue construida por la Corporación municipal de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (con fondos de la Cámara de Comercio de Guayaquil y otros), tras un convenio del 2006 entre autoridades nacionales y locales.

Luego, y ya bajo la tutela del Estado que exigió su administración, en 2010 se hicieron readecuaciones para su funcionamiento.

Cárceles ya estuvieron en estado de excepción entre mayo y agosto del 2019 por violencia

Pero todavía no hay fecha exacta de reapertura, pese a que se promociona aquello desde agosto pasado, durante el último estado de excepción en las cárceles que se renovó y duró hasta el mes pasado.

A inicios de agosto, Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), ente actual a cargo del sistema penitenciario en Ecuador, dijo que La Roca se reabriría y que se hacían los trabajos necesarios (como estudios, arreglos, implementación de sistemas de seguridad y otros) para readecuar aquel espacio (cerrado desde hace siete años, 2013). Ahí se aseguró que aquello estaría listo en unas tres semanas, expuso en ese entonces.

Y este viernes 11 de diciembre sostuvo que solo están a la espera de la aprobación de los entes que vigilan los derechos humanos.

Con eso estarían disponibles 152 celdas de La Roca que en un inicio se aseguró que serían para los delincuentes más peligrosos de la Zona 8, Guayaquil, Samborondón y Durán.

Hasta el 30 de septiembre de 2020, en las cárceles de Ecuador estaban 38.416 internos, según la última actualización que tiene disponible el SNAI. De este total, 15.678 están en las prisiones de Guayaquil.

Y de estos, solo en la Penitenciaría hay 9.437, mientras en la Regional Zonal 8 (Guayas) hay 4.206. El resto están en los centros de privación provisional de libertad y en el centro femenino.

Para reabrir La Roca, el SNAI suscribió un contrato el 23 de septiembre de este 2020 con la empresa Sandoval Building Desing & Construction Sbdc Cía. Ltda., por $ 155.430,35, para trabajos de readecuación, mantenimiento y equipamiento del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas nº. 3 como se llama ahora oficialmente a La Roca y que consta también en la lista de los centros de privación del SNAI que en Guayas llegan a cinco en total (Zona 8).

Con corte del 8 de octubre pasado, la obra de readecuación y mantenimiento tenía un retraso del 19,14% según el informe de esa fecha de la supervisión de los trabajos que conoció la SNAI.

El 1 de noviembre último, el SNAI también difundió un video en el que se exponía la legalización de la reapertura de La Roca y los trabajos realizados hasta esa fecha para habilitar sus celdas. Ahí se dijo que con esto se busca también reducir el hacinamiento en las cárceles.

Cuando se construyó La Roca (se terminó en el 2008), en Guayaquil solo funcionaba la Penitenciaría del Litoral, como se conocía al Centro de Rehabilitación de Varones nº. 1), que albergaba, como lo sigue haciendo hasta el momento, también a reos de otras provincias.

En ese entonces la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, la corrupción dentro de la prisión y la inseguridad que vivía Guayaquil motivaron a sus autoridades locales a plantear a esta cárcel de máxima seguridad como una solución.

Ahora el escenario se repite e incluso se recrudece o se agrava por las peleas y asesinatos individuales y grupales, como los dados en motines, en el interior de las cárceles entre líderes de bandas delictivas que se disputarían el control en estos centros, según las mismas autoridades. También desde el interior de las prisiones, como la Penitenciaría, se planifican, manejan y ejecutan diversos delitos, incluidos los sicariatos y narcotráfico, han reconocido en varias ocasiones autoridades policiales y penitenciarias.

Y pese a los estados de excepción que se han dictado en los dos últimos años, 2019 y 2020, para controlar la crisis carcelaria, los problemas continúan y estarían lejos de resolverse hasta que no se piense en una política integral de rehabilitación y justicia, según entrevistados por este Diario.

“El problema de las cárceles o del sistema de rehabilitación social es un problema estructural que no se resuelve con estados de excepción, que tienen una corta duración, para atender problemas sumamente puntuales… Existen varios problemas para el hacinamiento, uno de los problemas básicos es el sistema de justicia, el abuso que se ha dado de las prisiones preventivas, tenemos aproximadamente a nivel nacional el 33% de personas en situación de prisión preventiva”, expone Freddy Carrión, defensor del Pueblo de Ecuador.

La Roca si bien fue construida y apoyada por el Municipio de Guayaquil fue luego administrada por el Estado tras exigirla como tal, pues cuando ya la construcción estaba en marcha, en el 2008, se acentuaron las diferencias entre el gobierno de Rafael Correa y la administración local de Jaime Nebot. Por eso, en marzo del 2010 el cabildo la entregó. Ya operativa y a cargo del entonces Ministerio de Justicia, en octubre del 2010 se dio una explosión en su interior y se reconocieron “vulnerabilidades” por la parte de atrás, que da al río Daule. De ahí hubo más e incluso una fuga de 19 reos en el 2013.

‘No está funcionando la rehabilitación social’

“La rehabilitación no está funcionando (es otro de los problemas). Es imposible que funcione cuando el 77%, aproximadamente, de los que salen de las cárceles vuelven a delinquir, presentan una serie de antecedentes penales, y eso demuestra una lógica en donde no hay un sistema de rehabilitación social.

Los estados de excepción que se llegaron a determinar en el 2019 y en este 2020 para tratar de atender una emergencia supuestamente de seguridad, involucra la participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, todos a nivel del anillo exterior de seguridad. En el interior siguen los agentes de seguridad penitenciaria. No tenemos una política carcelaria que tenga definido cuáles van a hacer los objetivos de la rehabilitación social, de determinar inclusive formas de vinculación de los distintos ministerios que tienen que ver con la rehabilitación como Ministerio de Trabajo, de Deportes, de Cultura, el MIES, Salud, con la intención de generar programas de reinserción y de rehabilitación social”, expone Freddy Carrión, defensor del Pueblo de Ecuador.

Billy Navarrete

“Ingresamos a La Roca (2010 y por última vez) con una delegación y pudimos darnos cuenta de las condiciones de absoluta vigilancia, cámaras por doquier, el tipo de celdas, dos por dos, y esta figura de panóptico con patio central. El panel de control era de altísima tecnología.

Y mientras estábamos ahí se lanzó una lata de gas lacrimógeno en el interior de ese espacio cerrado, lo vivimos. Pudimos identificar la ausencia de acceso a los patios, una de las cosas más graves. La población de La Roca no tenía acceso a los patios, a la luz, permanecía constantemente bajo techo y con luz artificial. Luego ya se impidió totalmente el ingreso (gobierno de Rafael Correa, aunque la medida sigue).

Hemos leído y escuchado nuevamente la reactivación de esa fallida respuesta dada por el Estado ecuatoriano y el Gobierno en concreto a través de La Roca, a propósito de la inseguridad, inseguridad que en ese entonces, hace diez años, presentaba más o menos los mismos síntomas que en 2020, crimen organizado, ingreso ilícito de sustancias y armas a las cárceles, extorsión y el fenómeno del sicariato -que en ese entonces se lo negaba por parte de las autoridades- en ascenso, que refleja una incapacidad.

Lo que está detrás de estos anuncios es una clara y documentada incapacidad del Estado y del Gobierno para brindar seguridad ciudadana a la población, especialmente a la más pobre.

Esa condición de aislamiento provocó una agudización del comercio ilícito que nunca se impidió, se siguieron ingresando armas y sustancias a La Roca (y con precios más caros).

La violencia en el interior de La Roca, siendo cárcel de máxima seguridad, tampoco se evitó ni el fenómeno del sicariato afuera. Fue un fracaso absoluto. Hay dos cosas que creería que valen tomar en cuenta.

La primera, la necesidad de contar con un régimen de clasificación según el delito cometido, que hasta donde sabemos se ha flexibilizado, especialmente en la Penitenciaría del Litoral, ahí más bien la condición económica es la que separa a la población privada de la libertad.

Las autoridades carcelarias tienen que darnos cuenta, mostrarnos si en la Penitenciaría, hablando solo de las cárceles de Guayaquil, se siguen clasificando a los internos, dónde están, cuántos están en cada categoría.

Sobre la cárcel poco se sabe y eso desde el Gobierno anterior, lo máximo que ha se logrado es conocer el incremento de la población carcelaria en números gruesos. En el 2012 cuando existía La Roca estábamos como en 9.000 privados de la libertad en Ecuador, pero al 2020 tenemos 40.000. Otra cosa importante es que la cárcel Regional (Zonal 8) está bastante descongestionada en relación con la Penitenciaría.

Esa es una explicación que habría que dar, en vez de pensar en habilitar otra, démosle mejor uso a la Regional. Proceso de capacitación, de rehabilitación.

Hay una necesidad primero de abrir esa información para que la sociedad se acerque a la cárcel, no debemos darle la espalda porque es una amenaza, ya vemos lo que nos está pasando con relación al crimen organizado y en la incapacidad del Estado para controlarlo, desmontarlo. Lo que cabe ahí es diversificar las miradas». (I)