El informe de la Comisión que creó el Gobierno para investigar los hechos del 30 de septiembre del 2010 redefinió la ruta de las indagaciones que efectuaba la Fiscalía sobre la tesis oficialista de un supuesto golpe de Estado.

Ese día, hace cuatro años, se produjo una ‘revuelta’ de policías, que protestaban por la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público, en la que supuestamente se les quitaban privilegios. El presidente Rafael Correa se trasladó hacia el Regimiento Quito pero luego fue retenido varias horas en el Hospital de la Policía.

La Comisión –que trabajó desde junio del 2013 hasta junio del 2014– concluyó que el 30 de septiembre del 2010 hubo un “intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional” ya que antes y a lo largo de ese día se evidenció “una oposición antidemocrática, conspirativa, desestabilizadora y golpista que atentó contra la integridad del presidente”.

Dicha teoría fue acuñada en 1973 por el politólogo y escritor estadounidense Gene Sharp.

El informe final reseñaba la supuesta presencia de decenas de actores políticos en diferentes escenarios de las protestas.

Los comisionados Carlos Baca, Diego Guzmán y Óscar Bonilla señalaron, por ejemplo, al exmandatario Lucio Gutiérrez y al exmilitar Fidel Araujo.

También a asambleístas de oposición, como Enrique Herrería y Lourdes Tibán, que pidieron una amnistía para los policías que se sublevaron.

Y a dirigentes de partidos y organizaciones como el Movimiento Popular Democrático (MPD), la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (Ceols), que protestaron en la Asamblea.

La Fiscalía inició en el 2011 una indagación previa por presunto golpe de Estado tras la denuncia de la exvicepresidenta de la Asamblea Irina Cabezas. Pero no hubo avances.

Tras recibir el informe de la Comisión, el fiscal Galo Chiriboga afirmó –en una reciente rueda de prensa– que la institución se ha servido “de la ciencia política para explicar los hechos del 30-S”, pero agregó: “Sus investigaciones no concluyen con las categorías políticas sino con las jurídicas”.

Chiriboga opinó que el 30 de septiembre no fue un movimiento aislado, pues “todos apuntaron a un solo macroobjetivo: desestabilizar el régimen democrático en el país”.

Y a partir de esa hipótesis y de los personajes señalados por la Comisión se rearmó la investigación, cuyos resultados se conocerían el año próximo.

Gutiérrez señaló: “Quieren engañar al Ecuador y al mundo diciendo que en el 30-S existió un intento golpe, secuestro y asesinato al presidente”.

El exmandatario dijo que sería bueno que lo vinculen en las investigaciones de la Fiscalía para exigir que se determine quién ordenó a las Fuerzas Armadas atacar al Hospital de la Policía conociendo que no se puede hacer esto en tiempos de guerra o de paz.

El exasambleísta Herrería explicó que la posición del sector de la oposición fue lamentar los muertos y heridos, solicitar respeto al orden constituido, a la vida del presidente y una amnistía para los alzados.

Por tanto, manifestó, no hubo intento de golpe de Estado sino que esa teoría fue forjada para victimizar al presidente.

Mientras, Tibán expresó estar preocupada porque “cada vez que se habla del 30 de septiembre se inventan cosas para victimizar al Gobierno”.

Ciro Guzmán, dirigente del MPD, señaló que no existen elementos para determinar que existió un golpe de Estado. Hubo una imprudencia del presidente frente a la protesta policial, agregó.

71

Procesos se abrieron luego de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

96

Sentenciados hubo en cuatro años; de ellos, 36 fueron declarados inocentes.