El propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) advirtió que la nueva Ley que permite al Biess endeudarse o vender parte de su cartera lo expone a graves riesgos financieros, ya que el banco no tendría capacidad de pago para asumir nuevas deudas sin comprometer los fondos de afiliados y jubilados. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Nueva Ley podría generar riesgos financieros para el Biess

La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia faculta al Banco del IESS a endeudarse o vender sus activos, medidas que podrían poner en riesgo su estabilidad financiera. Así lo señala un informe técnico del IESS enviado a la Asamblea Nacional, pese a lo cual el Pleno aprobó la iniciativa del presidente Daniel Noboa el 26 de septiembre de 2025, con 77 votos del bloque oficialista ADN, parte de Pachakutik e independientes.

Antes de esta reforma, el Biess solo podía invertir los fondos de los afiliados en créditos hipotecarios, prendarios y en bonos del Estado o del mercado de valores, siempre bajo bajo riesgo. Con la nueva normativa, el banco podrá ahora endeudarse con entidades nacionales o internacionales y realizar operaciones de reporto o venta parcial de su cartera hipotecaria o quirografaria para obtener liquidez inmediata.

Estas operaciones, según el informe, implican riesgos significativos. En una operación de reporto, por ejemplo, el Biess podría usar bonos del Estado como garantía para obtener préstamos, pero si el valor de esos bonos cae —por un aumento del “riesgo país” o una crisis económica—, el banco tendría que entregar más activos o pagar parte de la deuda anticipadamente, lo que podría generar un “margin call”.

El problema es que ni el Biess ni el IESS tendrían actualmente capacidad para responder a estas exigencias, ya que el flujo de caja del instituto está en déficit. Desde 2014, los ingresos del IESS no son suficientes para cubrir el gasto en salud ni las pensiones de jubilados, incluso con los aportes del Estado, lo que agrava la falta de liquidez y pone en peligro los fondos de los asegurados.