Examen de Contraloría revela una serie de inconsistencias en el Registro Electoral de los comicios del 2019

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Inclusión de fallecidos, extranjeros inscritos sin justificación, un sistema informático inapropiado, así como una falta de control en la inscripción de organizaciones políticas son algunos de los hallazgos.

Punto Noticias.-La Contraloría General del Estado (CGE) remitió, este viernes 21 de agosto, al Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados del examen especial a los procesos y sistemas informáticos aplicados para la conformación del registro electoral y su depuración, conteo de votos y validación de firmas, para la inscripción, registro y legalización de partidos y movimientos políticos, de las Elecciones Seccionales del 2019.

La inclusión de fallecidos habilitados para votar, extranjeros inscritos sin justificación y otros que fueron eliminados del padrón sin sustento fueron parte de los hallazgos que realizó la Contraloría.

Durante el período auditado (1 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2020) se llegó a la conclusión que no se implementó un sistema informático para la conformación y depuración automática del Registro Electoral que incorpore controles de aplicación y validaciones de información entre varias fuentes de datos, con la finalidad de asegurar la integridad y seguridad de la información de los ciudadanos nacionales y extranjeros.

El examen hace alusión a otro informe del ente de control presentado el 28 de mayo de 2020, que analiza el período del 1 de marzo de 2014 al 31 de julio de 2019, en el que también se determinó que hubo una falta de procedimientos para la detección de errores y corrección de datos registrales civiles, de identificación y cedulación. Situación que provocó que la información de la Dirección General del Registro Civil no esté depurada, por lo que el Registro Electoral utilizado en los comicios del 2019 presentó errores.

En el informe de la Dirección del Registro Civil entregado al CNE no constan las fechas de fallecimiento de 1.689 personas que mantuvieron un código de condición de cedulación distinto al de fallecido.

A ellas se suma otro grupo que en sus registros de fallecidos presentan inconsistencias llegando así a dar un total de 1.699 personas fallecidas que estaban habilitadas para votar y de las cuales 14 constaron como sufragantes.

La Contraloría cuestionó este hecho, a pesar de que técnicos tanto del CNE, como del Registro Civil estaban a cargo de la validación de la información y no observaron estos registros.

Según el órgano de control, esta situación se habría presentado debido a que la Directora Nacional de Registro Electoral (E); el Director Nacional de Sistemas e Informática Electoral; y servidores del CNE no aplicaron controles de validación en el proceso de conformación del Registro Electoral que permitan detectar inconsistencias en la información de las personas y para los casos evidenciados no coordinaron con el Registro Civil su depuración y actualización, lo que ocasionó falta de integridad y confiabilidad en la información de los ciudadanos que conformaron el padrón electoral.

También se determinó que hasta el 28 de febrero del 2020, el Consejo Nacional Electoral no contó con un sistema de inscripción de personas extranjeras para su posterior inclusión el Registro Electoral e incluso advirtió que se habrían eliminado de dicho registro a algunas personas sin un sustento legal.

Se incluyeron 20.833 personas, de las cuales 2.224 no cumplieron con el requisito de 5 años de residencia en el país.

1.714 extranjeros con su visa cancelada también constaron en el Registro Electoral; así como 3.630 extranjeros que no cumplieron los requisitos legales para acceder al derecho a votar.

Pero como parte de la serie de inconsistencias encontradas, la Contraloría expuso, en su examen, que 3.210 personas con sentencia ejecutoriada fueron incluidas en el Registro y que se excluyeron a 792 personas, cuyos derechos políticos habían sido restituidos.

Además, se precisó que hubo una ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio; y, la puesta en cero de la Base de Datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados STPR. Aspectos que motivaron a que no se asegure la integridad de las bases de datos y por lo tanto no se garanticen los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral de 24 de marzo de 2019; permitiendo que se produzcan anomalías.

Del total de 248.835 actas del proceso de elecciones, 20.451 presentaron la condición de “Inconsistencia numérica”, por lo que hubo un reconteo de votos.

El Centro de Datos Alterno contratado por el CNE, en la ciudad de Guayaquil, en el que se alojó al servidor web para la publicación de resultados, presentó fallas en la capacidad de procesamiento y la réplica de las imágenes de las actas del exterior fue suspendida, debiendo realizarse el traspaso de estas actas de forma manual.

A su vez, la auditoría determinó que el CNE no contó con una solución tecnológica que garantice el registro, control y cumplimiento de los procesos relacionados con la inscripción de organizaciones políticas.

La entidad utilizó un programa adquirido en el año 2012, que permitió la inscripción de cédulas con 9 y 12 dígitos, personas fallecidas a la fecha de presentación de firmas, menores de 16 años, firmas de personal activo de la Policía y Fuerzas Armadas, así como de adherentes repetidos en sus movimientos y en diferentes organizaciones políticas.

Con este criterio, la Contraloría recomendó al CNE revisar, en su momento, cada uno de estos hallazgos.

El pasado 18 de agosto, el padrón electoral para los comicios del 2021 se cerró con 13 099 150 electores.

Fuente: Contraloría General del Estado, redes sociales

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