El gobierno argentino denunció la existencia de una “arremetida” judicial, tras la confirmación del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la ratificación del juez que investiga una empresa de la presidenta Cristina Fernández.
Para el Ejecutivo, hay un “ataque” contra el gobierno orquestado por la justicia y resulta “llamativo” que decisiones judiciales adversas a funcionarios públicos se hayan adoptado después de la marcha por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

@elyex

f: e.u.