El secretario de Relaciones Exteriores, José Meade, calificó de «incongruente» el informe de la ONU publicado este lunes, el cual plantea que en México es recurrente el uso de tortura y ocurre en un contexto de impunidad.

En opinión de Meade, el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre  Tortura, Juan E. Méndez, cae en contradicciones, ya que mientras asegura que la tortura en México es generalizada, el funcionario de la ONU no ha logrado comprobar que el país México sea una práctica generalizada.
“Nosotros encontramos que hay algunas aseveraciones que no guardan congruencia dentro  del reporte en sí mismo. Que es un reporte que señala lo mucho que México ha avanzado en la atención de este tema desde que se presentó el reporte preliminar donde se hacía la aseveración de que enfrentamos una práctica  generalizada, se le pidió en este ánimo de cooperación que documentara los casos que le preocupaban y que sustentaban la aseveración y sólo nos ha aportado información de 14 casos».
De acuerdo con Noticias MVS, Meade comentó en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Paolo Gentiloni, quien está de visita en el país, que existe un compromiso por parte de México para que la tortura sea un tema del pasado.

Por su parte, Jorge Lomónaco, representante de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, declaró que México no comparte la conclusión de que la tortura es una “práctica generalizada” en el país.

Lomónaco dijo que la administración de Peña Nieto continúa avanzando en el combate a la tortura, desde la visita del relator a México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del año 2014. Para ejemplificar que están chambeando muy duro, recordó que Presidencia envió una iniciativa de Ley que faculta al Congreso para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada, lo que permitiría avanzar en la homologación del delito a nivel nacional conforme a estándares internacionales.

Las declaraciones de ambos funcionarios ocurrieron luego de que el informe recomendara al gobierno mexicano:
“Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
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