Exfuncionarios judiciales que habrían sido afectados por una mala aplicación del artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial afirman que el Consejo de la Judicatura (CJ) debe ejercer el derecho de repetición contra los servidores judiciales, quienes con sus “decisiones inapropiadas” provocaron un daño grave.

El pronunciamiento se dio un día después de que la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, señaló varias preocupaciones respecto de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), notificada el 23 de agosto pasado, que habla de que se necesita para la definición del error inexcusable, la negligencia manifiesta o el dolo en un funcionario judicial (juez, fiscal o defensor público) la declaración previa de un juez

A Maldonado no solo le preocupaba la posibilidad de impunidad que se abría con esta sentencia, sino también la retroactividad ordenada. Esto último, dijo, genera “impactos brutales en la institución, en la institucionalidad, en la seguridad jurídica” y en el “presupuesto” del CJ, debido a posibles reparaciones a las que haya lugar con funcionarios que hayan presentado acciones de protección u otras garantías constitucionales.

Hernán Ulloa Ordóñez, parte del colectivo que impulsó la demanda ante la CC, cree que el dinero que se debería utilizar como reparación integral para los exservidores judiciales afectados por esta mala aplicación de la norma es un dinero que no le afectará a la Función Judicial, siempre y cuando el CJ ejerza el derecho de repetición contra los funcionarios que originaron esta vulneración de derechos e ilegalidad.

“No es un dinero que debe pagar la presidenta Maldonado o el CJ, no es un dinero que debería afectar a la FJ, es un dinero que debería ir a costas de quienes provocaron estos perjuicios”, explicó Ulloa Ordóñez.

Maldonado aseguró que la retroactividad ordenada en la sentencia de la CC está afectando la seguridad jurídica y el interés general. Respecto del impacto económico que generaría esta sentencia, la presidenta señala que serían millones de dólares los que podrían erogarse para el pago de las posibles reparaciones que los jueces determinen en estos casos, además de la restitución en el cargo del funcionario.

“Solo una persona que ha sido separada del cargo a quien tengamos que reparar por tres años de separación del cargo nos equivale a $200 000, que es precisamente el dinero que necesitamos para las licencias de Zoom y no tenemos”, dijo Maldonado, quien no solo reconoce la existencia del derecho de repetición, sino que también hace una reflexión del tiempo que demora este proceso para recuperar los recursos. (I)