Este tipo de declaraciones no contribuyen a un ambiente de diálogo, paz y plena garantía de los derechos humanos, ratifica el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Las palabras de Marcos López, representante del Ejecutivo en la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, el cual en una tertulia de radio sobre la reforma económica del Gobierno de Ecuador, se refirió a la Fuerza Pública de Chile, en el marco de las manifestaciones de protestas del mes de octubre, “rechaza de manera categórica” esa insinuación, la Institución Nacional de Derechos Humanos ecuatoriana, lo dio a conocer a través de un comunicado.

Mientras transcurría una entrevista en vivo en la tarde-noche del lunes 21 de octubre, López hizo referencia a que nadie puede irrespetar a las instituciones, “ojalá fuéramos aquí como en Chile; cuando no se respeta a un carabinero, desenfunda el revólver y le pega el tiro y se acabó”.

El comunicado oficial del 31 de octubre, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, “exige una rectificación de las expresiones realizadas por Marcos López, pues no se dieron a título personal, sino en representación de una Función del Estado, mismas que en cualquier contexto representan una incitación a la violencia”.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, insiste en la comunicación que “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que implica que la limitación al ejercicio de las potestades públicas son los derechos fundamentales”.

“Reconocemos que, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República, las instituciones tanto militares como policiales tienen como objetivo, en el marco de sus competencias, garantizar la seguridad pública y ciudadana. Esas atribuciones, indispensables para la consolidación de un Estado de derechos, deben ser ejercidas con responsabilidad, respetando el derecho a la vida y la integridad de todas las personas”, insiste Carrión.

Desde el 3 y al 13 de octubre, todo el país se manifestó con protestas en contra de las medidas económicas dadas en el Decreto 883, para hacer frente a la situación financiera del país según el Gobierno Nacional. El Decreto eliminaba los subsidios a los combustibles como la gasolina y el diésel, tras un diálogo con el movimiento indígena se derogó el 14 de octubre.

El 1 de noviembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) dio a conocer la muerte de nueve personas en las jornadas de protestas y pidió tres días de duelo nacional. Además hubo más de 1 340 heridos, siquiera diez de ellos perdieron sus ojos. Pero para el Gobierno Nacional en esos 11 días de manifestaciones la ministra de Gobierno únicamente reconoció siete fallecidos, seis de ellos en el contexto de la paralización nacional.

Estas declaraciones de Marcos López se difundieron como pólvora en las redes sociales en esta semana última y se halla en el país un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además se encuentran la misión especial de la Organización de Naciones Unidas con el fin de “evaluar específicamente la actuación de la fuerza pública durante el paro nacional de octubre de 2019”, afirma el Defensor.

“En casos ampliamente conocidos como Tibi o Zambrano Vélez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las fuerzas del orden deben actuar, frente a cualquier persona, de manera proporcional y racional, es decir, tomando en cuenta tanto la intensidad del ataque como la inexistencia de medidas de control diferentes al uso de armas letales o no letales. De ahí́, que el Estado ecuatoriano ya ha sido condenado internacionalmente por vulnerar estos principios”, asegura.

La Defensoría del Pueblo concluye exhortando “a todos y todas las servidoras públicas a evitar la emisión de mensajes que promuevan el odio o la violencia. La Institución Nacional de Derechos Humanos está convencida de que, más aún en estos momentos, el Ecuador necesita un ambiente de diálogo, paz y plena garantía de los derechos humanos”.

Fuente: El Comercio