Entre los siete puntos aprobados, también dispone al SNAI elaborar un informe sobre el levantamiento de cadáveres y su identificación en un plazo de 30 días.

Punto Noticias. Tras escuchar las comparecencias de tres autoridades sobre la crisis carcelaria, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución con siete artículos. Uno de ellos, solicitar al Presidente Guillermo Lasso, que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue y elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) y, en particular, en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, para que las conclusiones y recomendaciones sean recogidas por el Estado ecuatoriano.

Con 92 votos afirmativos, 19 negativos y 19 abstenciones, el hemiciclo Legislativo aprobó la moción presentada por la legisladora Jéssica Castillo, en el que también conmina al Presidente de la República para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen con el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) en la crisis carcelaria respetando derechos humanos de las PPL hasta que se manifieste de manera pública que se ha superado la crisis.

Disponen también a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral que, dentro del trabajo que viene realizando, resuelva acciones para precautelar la protección interna y mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria las operaciones de control de porte de armas que compete a la Policía Nacional.

Además, que la Comisión elabore un informe para conocer si existe presencia de la fuerza pública en las fronteras para realizar operativos de control de armas.

También recomienda al Presidente y a la Fiscal que los procedimientos para identificación de cadáveres en centros de privación observen lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota.

En la resolución aprobado, la Asamblea dispuso al SNAI elaborar un informe consolidado sobre el procedimiento utilizado para el levantamiento de cadáveres y su identificación en los hechos suscitados en febrero y septiembre de este año, en un plazo de 30 días, y que se envíe a la Comisión de Soberanía.

La Comisión también tendrá que elaborar un informe sobre la aplicación del mecanismo nacional de prevención de tortura y tratos crueles en las cárceles.