Una compra de comestibles costó a dos madres solteras colombianas 48 días de cárcel —y la amenaza de una sentencia de 14 años en prisión— como resultado de las medidas contra el contrabando en Venezuela que han intensificado las tensiones y puesto de relieve las distorsiones económicas entre el país y Colombia.

Jenifer Rojas y Belsy Álvarez fueron arrestadas a inicios de septiembre por la Guardia Nacional Bolivariana cuando salían de un supermercado en San Cristóbal con pasta, mayonesa y otros artículos con precios regulados y cuya venta está restringida.

Junto con la cajera que registró la venta de sus compras, enfrentan cargos de contrabando y violación de la Ley de Precios Justos, cuyas penalidades incluyen de 10 a 14 años de prisión.

Se preveía que las mujeres colombianas comparecieran en una corte el viernes para una audiencia preliminar en la que el juez determinará si acepta los cargos y decide si ellas deben permanecer en la cárcel.

«Mi hija no es ninguna delincuente», dijo la madre de Rojas, Gladys Pedroza, después de una visita reciente a la cárcel.

100 colombianos arrestados

La situación no es un caso aislado. Aproximadamente 100 ciudadanos colombianos están entre las casi 1.400 personas que han sido arrestadas en los dos últimos meses como parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para erradicar el contrabando, al que se atribuye una escasez generalizada.

Parte del contrabando es a una escala casi industrial, en la que poblados enteros en la parte colombiana están aprovisionados de artículos provenientes de la frontera. El comercio más lucrativo es el de la gasolina.

Funcionarios colombianos sostienen que la mayor parte de sus ciudadanos arrestados provienen de familias de clase trabajadora, como Rojas, que durante años ha estado cruzando la porosa frontera para aprovechar la diferencia de precios.

Un desplome reciente en la divisa venezolana ha hecho que las excursiones de compra sean aún más costeables.