En septiembre pasado, Fiscalía preguntó a ancianos amazónicos si entregaron u ofrecieron dinero al juez Nicolás Zambrano, en 2011, para que dicte sentencia a su favor

En carta al Presidente de la República, Guillermo Lasso, el Procurador Iñigo Salvador y la Fiscal General del Estado Diana Salazar, varios colectivos defensores de los derechos humanos y de la naturaleza exigen que se detenga la persecución y presión en contra de los demandantes de Chevron en la Amazonía ecuatoriana a propósito de una toma de versiones de los ancianos locales y otras personas. Demanda, así mismo, que se sancione a los culpables de la contaminación, de la reparación a medias y de quienes en su momento la aceptaron, producto de la labor que ejerció Texaco-Chevron, que fue sentenciado, en 2011, por una Corte de Lagro Agrio a reparaciones por $9.500 millones, que, todavía no se concreta.

El pasado 15 y 16 de septiembre, llegaron agentes de la Fiscalía de Quito a Sucumbíos y Orellana a tomar versiones de los demandante del caso Chevron, entre ellos, los ancianos de las localidades.

En las diligencias, les consultaron si habían ofrecido o entregado dinero al juez Nicolás Zambrano, en 2011, para que dicte sentencia a favor de los defensores de la Amazonía ecuatoriana.

Ante ello, varios colectivos de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, en una carta, rechazaron “la absurda toma de declaraciones” a los ancianos de la nacionalidad Siekopai, al pueblo Quichua y a otros demandantes.

Así como la persecución y presión contra las personas que han hecho parte de la demanda a la empresa.

El hecho se originó por una carta que envió Chevron, en el año 2012, a la Fiscalía, que inició una investigación en contra del juez Zambrano por supuesto delito de prevaricato, informó el abogado Pablo Fajardo a Radio Pichincha.

Tras no encontrar datos relevantes, la Fiscalía, en 2018, pidió que se archive el caso, sin embargo, el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, se opuso al archivo, y, con esa acción, se dispuso abrir una nueva investigación por otro delitos, entre ellos, el de cohecho.

Al momento, la Fiscalía Tercera de Pichincha empezó la pesquisa contra los demandantes del caso Lago Agrio y dispuso que den las versiones sobre el supuesto cohecho, tomadas en septiembre pasado.

Los colectivos solicitaron, a través de la carta, a la Fiscalia y a la Procuraduría General del Estado que orienten sus investigaciones a los “verdaderos culpables de la contaminación, de la reparación a medias y de quienes, en su momento, la aceptaron, de los funcionarios tanto estatales como de la transnacional”.

“Nos preguntamos por qué estas instituciones del Estado ecuatoriano pretenden amedrentar a los pobladores amazónicos con estas acciones contra los más débiles y vulnerables. ¿El Estado ecuatoriano procura preparar un escenario de impunidad a las transnacionales petroleras y mineras?”, preguntaron.

La historia se remonta a la operación de Texaco en Ecuador desde 1964 a 1990. Más tarde, la empresa dejó el país en 1992, vendiendo la compañía a la empresa Chevron en 2001.

Una Corte de Lago Agrio, en 2011, condenó a la empresa estadounidense pagar una indemnización de $9.500 millones por los daños medioambientales cometidos por Texaco y adquirida después por Chevron.

“La mencionada empresa ha hecho una campaña a nivel internacional de desprestigio al equipo legal de dicho proceso judicial y de descrédito al sistema judicial ecuatoriano en este caso, solo distrae la atención del verdadero problema que afecta, y sigue afectando, a las comunidades y pueblos amazónicos”, sostuvieron los colectivos.

Consideran que, en la actualidad, siguen siendo vulnerados los derechos sociales y ambientales de las comunidades amazónicas a causa de la operación contaminante de empresas petroleras.

Finalmente, exigen se realice una investigación acorde a lo establecido en el debido proceso para clarificar la verdad de los hechos y sancionar a los representantes del daño causado tanto al medio ambiente como a los diferentes pueblos y nacionalidades.