En rechazo, minero posesionarios de esas concesiones realizarán acciones de protesta.

Punto Noticias. El viceministro de Minas, Juan Carlos Ochoa, pretende devolver áreas mineras a empresas vinculadas con los hermanos Isaías, según denuncian mineros del cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay, actuales concesionarios de las minas, que las trabajan desde hace más de 20 años.

Mineros y pobladores anunciaron que volverán a Quito a realizar plantones frente al Ministerio de Energía, Empresa Nacional de Minería (Enami) y Corte Constitucional (CC), así como movilizaciones pacíficas en la Panamericana Sur, como lo hicieron el pasado 26 de enero.

Según los denunciantes, Ochoa, en supuesto cumplimiento de las sentencias de la jueza de la Unidad Penal Norte 2, con sede en Guayaquil, anunció que las áreas en litigio serán devueltas a Oromining S.A., representante de las compañías Guadalupe Mining Corp. y Gaby Panamá Corp.; que estarían vinculadas a Roberto y William Isaías Dassum y a Filanbanco.

Por esta razón, las dos mineras fueron incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) y el Banco Central del Ecuador (BCE)

Oromining S.A. ha recurrido al Pacto de Derecho Civiles de las Naciones Unidas y dice tener en sus manos un dictamen adoptado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que les da la razón…

El viceministro de Minas coincide con ese fallo y el ministro René Ortiz sostiene que hay que restituir el derecho, pues “con este paso legal se cumple con la seguridad jurídica necesaria en el país, que ha sido tesis del presidente Lenín Moreno, desde el inicio de su gestión a cargo de la cartera de Energía”.

En cambio, los mineros de Ponce Enríquez sostienen que la decisión en su contra, tomada por una jueza de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, es inconstitucional, inaplicable, descabellada y hasta interesada, por lo que están dispuestos a defenderse tanto en las calles como en los tribunales.

En la Corte Constitucional, los mineros lograron entrevistarse con el jefe del despacho de la jueza Teresa Nuques Martínez. Piden que se admita a trámite una acción extraordinaria de protección presentada por ENAMI el año pasado. Les respondieron que, tal vez, en unos quince días, uno de los tribunales se reúna para analizar la propuesta de sentencia que nadie sabe en qué sentido saldrá, si a favor o en contra de los reclamantes, que, a estas alturas, lo único que piden es que se admita a debate el pedido de la Empresa Nacional Minera.

La gestión ante el viceministro de Minas Juan Carlos Ochoa fue desalentadora para los mineros. Minutos antes de hablar con él se enteraron que, un día antes en ese despacho, se había resuelto proceder a la restitución del 55 % de los derechos mineros de la concesión Muyuyacu en favor de Gaby Panamá Corporation y del 100 % de los derechos mineros de las concesiones mineras Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro a favor de Guadalupe Mining Corporation, ubicadas en el límite de las provincias de Azuay y El Oro.

Los mineros de Ponce Enríquez advirtieron que hay el peligro de un estallido social, pues en torno a la minería se mueve toda la economía del cantón y que eso podría acabarse si es que ellos pierden las concesiones.

El tema en la Corte

Después de que Oromining obtuvo la sentencia que les restituía las concesiones, diversos gerentes generales de Enami han acudido a la Corte Constitucional en defensa de sus fueros. Cuestionan la decisión del juzgado guayaquileño, porque consideran que inobservó deliberadamente y de forma sistemática varios precedentes jurisprudenciales de cumplimiento obligatorio, contraviniendo el mandato del artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador y consecuentemente vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la norma.

Critican también que, un año después de la sentencia, la Unidad Judicial Norte 2 Penal de Guayaquil, insólitamente convocara a una “audiencia de modulación de sentencia, con la finalidad de hacer beneficiario de la misma a la compañía Gaby Panamá Corp, un tercero que hasta ese momento jamás había sido parte procesal.

Para el abogado Jorge Arias, administrador general de Minervilla, la sentencia no es de cumplimiento inmediato porque, entre otras cosas, nadie está pidiendo que se cumpla. Tampoco podría cumplirse, porque, tal como está redactada, daría lugar a una serie de irregularidades.

Explica que la resolución dispone que sean la ex Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, así como Enami, las instancias que restituyan las concesiones a Oromining, lo cual es casi una aberración porque ni Arcom ni Enami tienen autorización para entregar las minas, que son propiedad del Estado, a un privado.

Dicha función sí podría hacerla el Ministerio del ramo, pero ocurre que la sentencia no involucra para nada a dicho despacho, por lo cual tampoco podría aceptarse su intervención.

Otro tema a dilucidar es la situación de los contratos vigentes. Enami ha celebrado varios contratos de operación en las áreas mineras que se ha ordenado restituir. ¿Qué ocurrirá con tales contratos? ¿Qué pasará con las inversiones realizadas en esas concesiones? ¿Dónde queda el derecho a la seguridad jurídica de los operadores mineros? ¿Quién debe responder ante una eventual indemnización por responsabilidad extracontractual del Estado?

Uno de esos contratos vence a mediados de febrero, otro a mediados de año. Para pedir que se amplíen esos plazos se realizarán otras movilizaciones.

Fuente: Vía Minera.