Así establece uno de los artículos de la propuesta de ordenanza metropolitana sobre las prohibiciones y sanciones relacionadas con la pandemia de la COVID-19, que fue analizada en sesión virtual -este martes 5 de mayo-, en primer debate, por el Concejo Metropolitano de Quito.

El documento establece los requisitos específicos para el uso del espacio público en el Distrito Metropolitano de Quito, portar documentos de identificación y distanciamiento social, la obligatoriedad de acatar el cerco epidemiológico para personas diagnosticadas con la pandemia además de las sanciones en caso de incumplimiento.

Mascarilla y distancia en las calles

El texto determina que el ciudadano que use el espacio público usará mascarilla que proteja su nariz y boca de la exposición del ambiente, guardará una distancia de al menos dos metros entre persona y persona, portará cédula de ciudadanía u otro documento oficial, todo conductor o pasajero que circule a bordo de vehículos motorizados y no motorizados usará mascarilla. Quien incumpla estas disposiciones será sancionado con el 25% de un salario básico unificado ($100). En caso de reincidencia, 50% ($200).

El Municipio de Quito distribuirá de manera obligatoria a grupos de atención prioritaria mascarillas. Se lo hará conjuntamente con kits de alimentos. Al personal que realiza el trabajo vinculado a la emergencia sanitaria se les entregará mascarillas ,gafas de protección, trajes de bioseguridad.

En la sesión virtual se informó que se estima adquirir 8 millones de tapabocas.

La ordenanza incluye la vigilancia epidemiológica para el coronavirus. Se menciona el uso de una base de datos de casos de personas diagnosticadas con la enfermedad o en aislamiento obligatorio. El cerco epidemiológico permitirá: efectuar un monitoreo permanente y geolocalizado, entrega de kits alimenticios dado el caso, brindar atención médica y psicológica por medios telemáticos, entre otros.

Mónica Hidalgo, concejala, planteó que haya claridad sobre cómo se hará la geolocalización.

Sanciones a desobediencia

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) tendrá la potestad sancionatoria. El procedimiento será: informar verbalmente a la persona sobre la infracción, recoger evidencia física y/o fotográfica, verificar la reincidencia por medio de consulta en línea de la base de datos correspondientes, notificar al presunto infractor.

En el caso incumplimiento de las medidas de restricción vehicular como la de no portar salvoconducto vigente se multará con un 50% ($200) del salario básico unificado, retiro y retención del vehículo. La multa será impuesta por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Habrá la oportunidad de compensar la sanción con trabajo comunitario.

Soledad Benítez, concejala de Quito, propuso que haya apoyo de la AMT a la AMC para el control.

El Cabildo deberá implementar un plan que permita el retorno progresivo al trabajo, jornada especial del trabajo, mantener el teletrabajo para lo que sea posible, en caso de trabajo presencial asegurar que, en las áreas comunes, se cumplan protocolos de distanciamiento, entre otros.

Para las empresas que tengan más de 10 trabajadores se deberán efectuar pruebas de detección del COVID-19 y de haber casos se comunicará al ministerio de Salud.

Además, las compañías que presten servicios exequiales o funerarios deberán tener el 3% de su área total de inhumación, tumbas o nichos individuales.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que se busca establecer requisitos específicos, de acuerdo con el Gobierno, para el uso del espacio público como el uso de la mascarilla o la distancia entre las personas. También que hay aspectos de salubridad.

Tras una hora y media de debate se cerró la primera discusión. El segundo debate se realizará en los próximos días. (I)