CNE registro línea extranjeros

En las cuentas reportadas por Alianza PAIS, no constan aportes de empresas públicas ni de sus gerentes, según Diana Atamaint

Quito – En el expediente presentado por el movimiento Alianza PAIS, al Consejo Nacional Electoral (CNE), respecto a la campaña electoral de la consulta popular de 2018, no consta ningún aporte de empresas públicas ni de sus gerentes.

Lo afirmó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien compareció ante la Comisión de Fiscalización, y dijo que la institución que preside no irá más allá de las medidas administrativas de verificar la información que entrega una organización política. Y que el informe sobre esta auditoría estará en pocos días más, aunque dijo que tienen 60 días más para presentar.

Lo que el CNE detectó son aportes extraños de personas que han aportado con importantes sumas de dinero y que no tienen declaraciones del pago de impuesto a la renta que reflejaría el manejo de recursos económicos. Que esa información ya fue entregada a la Fiscalía para que se descubra, en caso de ser del caso, irregularidades que se podrían identificar en el manejo de los recursos de la campaña de la consulta popular, según lo afirmó.

Atamaint ante la comisión mostró un cuadro donde asegura que en expediente presentado por el movimiento Alianza PAIS, no constan como aportantes las empresas públicas Flopec; CEAR; Petroecuador; Petroamazonas; Enami; Astinave; Ecuador Estratégico; Fabrec; Casa para Todos; CNT; y, Correos del Ecuador y sus respectivos gerentes generales.

Dijo que en la información que reposa en el CNE, el movimiento Alianza PAIS declaró haber recibido por concepto de aportes para campaña, en efectivo y especie, un total de $607.066,20 provenientes de 63 personas naturales, cuyos aportes fueron desde $100 hasta $63.250.

Que del análisis de los aportes se resaltan seis casos de personas naturales que realizaron aportes con montos que superan los $28.000 y que llegan hasta los $63.250, y que según la información del Servicio de Rentas Internas no realizaron contribuciones del Impuesto a la Renta en el 2018 y en el 2019.

. @DianaAtamaint, presidenta del @cnegobec, afirma que en el expediente presentado por Alianza PAIS respecto a la campaña electoral de la consulta popular de 2018 no constan aportes de los gerentes de las empresas públicas. pic.twitter.com/dc4Cbhnb3S vía @vicenteopi

— El Universo (@eluniversocom) June 29, 2020

No renunciará

Diana Atamaint descartó que renuncie al cargo como lo sugirió la legisladora, Silvia Vera (CREO), por las denuncias públicas, pues la asambleísta afirmó que no hay un solo día que no aparezca una noticia donde se la vincula con posibles actos de deshonestidad, corrupción o antiéticos.

Cuestionó que “luego de la jugada maestra” para salvarla del juicio político con un solo voto, ahora “sepamos que existen nexos entre la asambleísta Pinuccia Colamarco, el asambleísta Daniel Mendoza y la presidenta del CNE; al menos eso se ha publicado en medios de periodismo investigativo”, increpó.

Colamarco, asambleísta que se principalizó tras la detención de Mendoza, por supuestos hechos de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales, intervino para aclarar que “no he tenido ni tengo ningún vínculo con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral como se lo ha expresado, pido respeto a mis funciones como legisladora y a mi capacidad de decisión”.

“Basta ya de culparme por una decisión democrática y amparada en derecho”, reclamó Colamarco al señalar que la comisión de Fiscalización tiene 13 integrantes y todos tuvieron derecho a un voto, en referencia al voto en contra que emitió en enero pasado, con lo cual no hubo el informe para que el juicio político en contra de la Presidenta del CNE, no pase a conocimiento del pleno.

Atamaint, al referirse a este caso también, afirmó que no conoce a Colamarco y menos tiene una relación de amistad con ella; y dijo que debe ser la Fiscalía General del Estado quien la juzgue y no las redes sociales, los memes o las caricaturas.

Caso de las cuatro organizaciones políticas

En torno a la predeterminación por parte de la Contraloría del Estado de su destitución y el pago de una multa, por no extinguir del registro a las organizaciones: Juntos Podemos, Justicia Social, Fuerza Compromiso Social y Libertad es Pueblo, Atamaint, indicó que esos movimientos políticos fueron aprobados en otras administraciones.

Que la decisión que tome el CNE debe ser responsable y cuidadosa para no afectar a los derechos de los afiliados y autoridades que fueron electas por esas organizaciones cuestionadas. Que el caso está en las unidades correspondientes para emitir una respuesta dentro del plazo de 30 días.

Las 4 organizaciones políticas que son objeto de polémica con la Contraloría, según presidenta del @cnegobec@DianaAtamaint fueron reconocidas en épocas anteriores y advierte afectaciones de derechos a los afiliados y autoridades electas pic.twitter.com/SOjxj6GCZl vía @vicenteopi

— El Universo (@eluniversocom) June 29, 2020

Tras la comparecencia de la Presidenta del CNE, el legislador Luis Pachala (CREO) presentó un proyecto de resolución que fue aprobado con diez votos, donde se solicitó a la Presidenta del CNE que informe de manera documental o presencial, con una periodicidad de cada 21 días, a la Comisión sobre los avances, la ejecución y el cumplimiento de los diferentes hitos y fases del proceso electoral 2021, incluyendo los procedimientos auditables del proceso electoral en curso.

Piden además que remita los informes de cuentas de campaña de los sujetos políticos que participaron en el proceso electoral de Consulta Popular del 2018 y del proceso electoral del 2019.

Los legisladores solicitaron el registro actualizado de afiliados de los Partidos Políticos y de los adherentes y adherentes permanentes de los movimientos políticos nacionales, provinciales y cantonales. Es decir, el registro total de afiliados a partidos políticos, adherentes, adherentes permanentes desagregado por organización política tanto a nivel nacional, provincial como cantonal.

Finalmente, la Comisión insta al Contralor General del Estado para que, dentro del marco de sus competencias, realice los exámenes a todos los procedimientos de gestión y de contratación que desarrolla el CNE, dentro del proceso electoral en curso. (I)