En redes sociales se está difundiendo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podría estar ocultando la nueva versión de las normas 30 y 31, las cuales se aprobarían para remplazar a la norma 26, pero ¿recuerdan por qué esas normas eran de las peores cosas que nos había pasado a los chilangos? Aquí les refrescamos la memoria rapidísimo:

Como resultado de la presión ciudadana ejercida para detener los delitos cometidos por constructores, inmobiliarias y funcionarios al amparo de la norma 26, ésta fue suspendida temporalmente desde el 2013.

¿Qué era la norma 26?

La norma 26 de desarrollo urbano ampara la construcción subsidiada de viviendas de interés social. Sin embargo, en la práctica se utiliza para la construcción de proyectos de interés medio y alto en colonias donde está prohibido. Existen alrededor de 3 mil edificios construidos bajo la norma 26, pero de ellos, sólo 12% pusieron sus departamentos a disposición bajo el precio acordado para el interés social. El resto resultaron ser mucho más caros.  Así, el subsidio al interés social parece no estar beneficiando a aquellos para los que fue pensado.

¿Qué eran las normas 30 y 31?

Las flamantes normas 30 y 31 eran propuestas que en vez de solucionar el problema, lo agravaban, pues permitirían que desvíos similares pudieran ser aplicados en muchas más zonas de la ciudad. Y bueno, si el dinero del interés social es usado para hacer construcciones que más tarde puedan venderse a precios muy altos, entonces algo no está funcionando.

El planteamiento de estas normas era tan absurdo que fueron rechazadas por académicos, especialistas, ciudadanos y hasta por un sector de la construcción (recuerden que también nos movilizamos digitalmente para que esto se detuviera y pudimos frenar las normas pero no se legisló en contra de ellas).

El día de hoy, la organización civil Suma Urbana nos anuncia que la nueva versión está en manos de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y que ésta busca subirla al pleno de la ALDF la siguiente semana para su aprobación.   

Esta nueva versión fue trabajada en corto por un pequeño grupo de funcionarios de SEDUVI con el apoyo de los presidentes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la Comisión de Gobierno de la Asamblea.

La organización civil expone en su perfil de Facebook:

“Quienes la conocen afirman que se trata de la anterior norma 30 y 31, pero con algunas trampas adicionales.  Pudiéramos tratar de adivinar cuáles son estas trampas, ya que el documento no se ha mostrado a los ciudadanos, a pesar de haberlo solicitado.  Por ejemplo, seguramente habrá alguna nueva fórmula para calcular el precio de venta de la vivienda de interés social, ya que ésta dejó de estar indexada al salario mínimo.  El objetivo sería legalizar todo lo que se ha construido que viola las estipulaciones de norma 26, al tener un precio de venta al público muy superior a lo que ésta estipulaba.  Una de las preguntas sería, ¿Podrán darle retroactividad? Recordemos que esas construcciones fueron hechas al amparo de la anterior norma 26 y no de la norma que pretenden aprobar ahora”

Para Suma Urbana están muy claras dos cosas: la primera es que estaremos todos muy atentos a castigar con el voto a quienes aprueben una versión que legitime la ilegalidad y abra los negocios de esta ciudad a grupos de constructoras lidereados por SEDUVI.  La segunda (que ya hicieron) fue solicitar una auditoría a todos los asambleístas actuales para ver cómo se incrementó su patrimonio.

La organización también denuncia, entre otras cosas, la opacidad con la que se ha llevado todo el proceso legislativo:

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¿Cómo ven?

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