En 2018, la UAFE investigó al operador de justicia por recursos no justificados.

Punto Noticias.- El juez provincial de Pichincha, Henry Cáliz, enfrenta la audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito.

La diligencia se realiza en la Corte Nacional de Justicia y a ella asiste el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

En 2018, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigó a Cáliz y su familia. Producto de ese estudio se encontraron operaciones por USD 1’882.147, lo cual fue reportado a la Fiscalía y en esa época el juez, quien ingresó a laborar en julio de 2018 a la Corte Provincial, calificó a esta indagación de persecución en su contra.

Pero el organismo reportó que el operador de justicia tenía autos de alta gama.

Las investigaciones se desarrollaron a raíz de un vídeo que circuló en redes sociales en el que el juez Cáliz mencionaba: “Si tienes una necesidad económica, pero tienes un inmueble y quieres venderlo, nosotros te lo compramos cash. Nosotros te lo compramos de contado”.

Cáliz en el vídeo que dura 1 minuto con tres segundos, se presenta como creador de la Constructora Cáliz Barragán y da instrucciones a los interesados de cómo recibir ese supuesto beneficio.

Este material audiovisual, así como las publicaciones de redes sociales llevaron a la UAFE a investigar a Cáliz, luego de la alerta dada por uno de los sujetos obligados por la Unidad a reportar como son: el sistema financiero; las concesionarias automotrices, notarías, superintendencias de Bancos, Compañías, entre otros organismos.

Según la investigación, Cáliz y su núcleo familiar no habrían justificado los cerca de USD 2 millones. En este rubro también constaría la empresa Constructora y Ferretera Cáliz Barragán.

El juez tiene en su historial en la Función Judicial más de 10 proceso en su contra por alimentos, divorcio, daño moral, recusación, aprehensión de vehículo, dinero, entre otros, desde 2005.

En junio de 2019, por unanimidad, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desechó la demanda de recusación presentada en contra del juez Henry Cáliz por Gustavo M., procesado por el delito de lavado de activos en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, dentro del caso Odebrecht.

Esta demanda de recusación se planteó porque el juez Cáliz (quien era parte del Tribunal que conoció los recursos de apelación a la sentencia que ratificó el estado de inocencia de Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S.) sorpresivamente se excusó de actuar, pero los otros miembros del Tribunal no lo aceptaron.

Fuente: Fiscalía, El Telégrafo, redes sociales