El trámite del proyecto de Ley para la prevención y combatir el contrabando y defraudación aduanera será de tratamiento prioritario, según lo determinó la Comisión de Justicia. Se estableció como plazo máximo para el primer debate, la primera semana de julio.

El proyecto fue presentado por el asambleísta, Héctor Muñoz (SUMA), pero la Comisión conoció un grupo de reformas de la misma materia que fue planteado por Juan Lloret (RC), por lo que resolvió unificar las propuestas.

Al abrirse el tratamiento del proyecto, la comisión recibió en sesión general a los representantes de los productores de uvas, fabricantes de alimentos y bebidas, de la industria tabacalera y de la Cámara de Agricultura.

Héctor Muñoz (SUMA), aclaró que es importante que se establezca un debate sin sesgo político, con responsabilidad y agilidad; tras aclarar que esta Ley no solucionará el problema de contrabando per se, sino que será el inicio para concienciar a la gente y tomar correctivos involucrando a las entidades de control en un solo frente.

En medio de la crisis sanitaria, añadió, esta Ley puede ayudar si se toma decisiones acertadas de control, lo cual podrá ingresar a las arcas fiscales cifras superiores a los $4000 millones.

Para el representante de la Asociación de Productores de Uvas en el país, Antonhy Escudero, el contrabando de vino y uva que ingresa desde el Perú bordea el 60%, lo cual ocasionó en 2019, un perjuicio al Estado de $1.5 millones.

Dijo que este sector de productores de uva lleva apenas seis años en el mercado, y se ha determinado la calidad de producto, pero que la limitante más grande de crecimiento, es el contrabando; pues en los últimos cuatro años afectó a la producción y comercialización del producto en el país.

Destacó que actualmente, la producción de uva supera las 250 hectáreas en las provincias de Santa Elena y Loja, se emplea a más de mil personas y se tiene un potencial de crecimiento de cien hectáreas por año. Sin embargo, el problema de contrabando afecta las proyecciones de los inversionistas, por lo que es necesario que se endurezca las penas del delito de contrabando, sugirió a los legisladores.

De acuerdo con las investigaciones realizadas y el trabajo desarrollado con la policía de delitos aduaneros, se puede determinar que los contrabandistas de vino y uvas, usan caminos ilegales o pasos clandestinos y el soborno para romper la producción ecuatoriana, anotó.

Christian Wahli, representante de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab), cuestionó que una masa de productos alimenticios ingrese al país sin control y que a nivel de los municipios no se pueda ejercer el control. Esta Ley es la oportunidad para extinguir el comercio ilícito, subrayó.

Juan De la Calle, también de la Anfab, reveló que la asociación representa al 85% de las ventas de productos procesados cumpliendo la normativa y la calidad, frente a una informalidad y contrabando.

Destacó que la cadena alimentaria tiene un impacto económico y social importante en el país, pues en 2018 se exportaron $10.5 millones, tiene una balanza positiva de cerca de $9 mil millones y genera 3 millones de empleos.

Según De la Calle, la ruta de mayor ingreso de contrabando es la frontera norte donde el 35% es contrabando; la frontera sur un 30,9%; vía marítima un 20,3%; y, por los aeropuertos un 13,86% de mercadería sin facturación.

En el sector agrícola, añadió, que en el 2018 se incautaron $2.2 millones respecto al contrabando de arroz, frutas, vegetales, maíz y papa, y la forma de operar es nacionalizar el producto a través de la falsificación de facturas.

En el sector industrial no hay procedimientos de control eficaces, persisten fuertes organizaciones delictivas, hay una falta de políticas transfronterizas, altos costos de producción nacional, altos aranceles de importación, el costo de mano de obra elevado y devaluación de moneda en países vecinos.

Frente al proyecto que se tramita en la Asamblea apoyan el planteamiento de que se integre un comité interinstitucional para combatir los delitos de contrabando que estaría integrada por quince instituciones.

Planteó que se debe ampliar el espectro de la Ley a fin de erradicar al comercio ilícito, para lo cual se tendría que incluir capítulos como contrabando, falsificación, adulteración y comercio informal; así como integrar en el comité debe participar al sector privado y a la academia.

También el representante del sector tabacalero, Mauricio Sáenz, advirtió que el contrabando de cigarrillo afecta a la industria ecuatoriana, porque el 70% de los cigarrillos que se comercializan son de contrabando y que en su mayoría proviene de Asia, por lo cual el Estado deja de percibir $800 millones, por concepto de impuestos.

Frente a la propuesta de Ley planteó la destrucción de los productos decomisados para reducir los riesgos de que éstos regresen al mercado; crear un fondo de lucha contra el contrabando con los recursos provenientes del comercio ilegal; y, la emisión de bonos tributarios para reducir el contrabando.

El representante de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, comentó que la actual crisis constituye la oportunidad para poner en orden los mercados y mejorar los controles respecto al origen de los productos, verificar su calidad y combatiendo la informalidad.

Juan Lloret (RC), manifestó que es importante integrar el comité interinstitucional que sobrepase a la Función Ejecutiva donde se pueda incorporar la Función Judicial, y como ente rector debería estar el Ministerio de Gobierno y crear una secretaría técnica. (I)