El supuesto perjuicio superaría el millón de dólares

Dentro de la auditoría realizada a las declaratorias de estados de excepción y emergencia, la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la república del Ecuador, Rafael Correa.

En esta auditoría se especifica que el exmandatario emitió seis decretos de excepción, dentro de los que se encuentran los decretos 755 y 1001, dictaminados por el incremento de la actividad del volcán Cotopaxi y por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Además, en este examen se determina que se iniciaron procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías que, al parecer, eluden procedimientos de contratación pública, en el marco del amparo que de los decretos de estados de excepción y sus ampliaciones.

Por otro lado, se señala la autorización por parte del Ministerio del Turismo, de una consultoría para desarrollar los estudios de un modelo de gestión, para el desarrollo de soluciones temporales de alojamiento a los prestadores de servicios turísticos afectados

Mientras que en el Ministerio de salud se habría hallado un excesivo pago de USD 89.830 dólares en la adquisición de ayudas técnicas para tratamiento médico personalizado.

Fuente: Expreso.ec

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