Prefecto de Azuay, Yaku Pérez, tiene varios frentes abiertos durante su gestión
El prefecto del Azuay, Yaku Sacha Pérez Guartambel, acaba de cumplir nueve meses de gestión y de combinar su tiempo entre la administración y el activismo social antiminero. Estuvo en las calles durante el paro nacional reclamando por las medidas económicas, pero en diciembre se reunió a puerta cerrada con un representante del Gobierno. Su nombre es conocido a nivel nacional, pero las elecciones de marzo las ganó con un 29 % de votación.
Antes, durante y después de ganar las seccionales, Pérez mantuvo como principal promesa de campaña convocar a una consulta popular para desterrar la minería metálica del Azuay. El tema pasó por la Cámara Provincial del Azuay en julio y aunque alcanzó 15 de los 24 votos presentes, legalmente no le bastó, pues necesitaba una mayoría mínima de 18.
Lauro Sigcha es uno de sus hombres de confianza y hoy lo acompaña como secretario de la Administración. Estuvieron juntos cuando se “descolonizaron” al cambiarse de nombre en el Registro Civil. Él dejó su segundo nombre Alejandro por Arariwa y el prefecto pasó de Carlos Ranulfo a Yaku Sacha.
Por esta cercanía considera que en estos meses se han logrado dos grandes méritos: instaurar la minga institucional como alternativa ante la falta de presupuesto y generar una austeridad económica para reducir los gastos de inversión en temas como compra de maquinaria.
En lo político, Sigcha prefiere ver el vaso medio lleno, no habla de derrota al no alcanzar a llamar directamente a una consulta popular antiminera, sino de aprendizaje, considerando que ningún alcalde que votó por su propuesta es de Pachacutik, el movimiento que lo auspició en las elecciones.
Con el vicepresidente de la República tuvo en julio un cruce verbal. Tras salir de un evento público Otto Sonnenholzner lo retó a no usar tecnología y le pidió coherencia porque “todo es fruto de la minería”. Pérez aceptó el reto pero le devolvió otro, que él deje de tomar agua durante un mes.
Mientras, por su participación activa en el paro se abrió una investigación por el presunto delito de rebelión. El hecho se investiga en la Fiscalía.
Aunque no se lleva con el Gobierno Nacional, el 2 de diciembre se reunió a puerta cerrada con el ministro Iván Granda. Dijo que se habló de las deudas que el Gobierno mantiene con el Azuay, mas no de temas políticos.
Para el alcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, ese encuentro demuestra que el prefecto se dio una vuelta “brusca” a favor del Gobierno que tanto achacó durante meses: “La palabra de la persona y del político debe prevalecer sobre todas las cosas y no venderse por diez centavos”.
Sigcha tiene otra lectura de esa cita al decir que no hay nada oculto y aunque hay diferencias políticas se habló por temas de beneficio para el Azuay. Por eso insistió en que si hasta marzo del 2020 no se cumple con lo ofrecido se llamará a una asamblea provincial.
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), el alcalde de Paute Raúl Delgado, considera que la gestión de Pérez “no ha despuntado” y aunque no lo ha apoyado en temas importantes en la Cámara Provincial, no se considera un opositor político. Insistió en que siempre será bien recibido, “pero también le decimos que Paute es parte del Azuay y requieren ser parte de la provincia”, esto con relación a una falta de atención en la mejora de vialidad rural.
En estos nueve meses de gestión también se rompió la relación con Cecilia Méndez, su binomio. La principal divergencia se hizo pública por la eliminación de la tasa solidaria. Pero detrás, según Pérez, hubo otros temas menos visibles como un supuesto pedido para pagarle durante la campaña electoral, pedido de puestos de trabajo en el Gobierno Provincial y otros de tipo ideológico.
El 2020 será un año preelectoral y Pérez aseguró que no le obsesiona una aspiración presidencial, pero tampoco está descartada. (I)
