El objetivo de este sujeto sería recuperar esas tierras, que pertenecieron a la empresa Recycob, de la cual fue accionista.

Punto Noticias. Alrededor de 160 policías, con ametralladoras, montaron un violento operativo ilegal, con el propósito de desalojar a las 20 familias que habitan en la Asociación de Productores Agropecuarios La Hormiga, ASPROHORMIGA, en la parroquia Durán, Guayas, vía a Taura, denunció Camilo Salazar, abogado de la organización.

Sin ninguna orden judicial, sin respetar el amparo posesorio que tienen los moradores de los predios, quienes está allí desde hace 20 años, la comisaria Dayana Puga, por orden del director Distrital del Guayas de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, Pablo del Río San Andrés, llegaron, tapando sus identificaciones, a querer sacar a las personas de sus viviendas, contó el jurista.

“Unos comisarios distritales de Guayaquil, el abogado Amores metido aquí, diciendo que tiene jurisdicción, dando órdenes de pegar, de que van a abrir bala. No se imaginan”, narró Salazar.

Reclamó que los efectivos policiales, al mando del mayor Luis Cifuentes, vestidos con sus trajes de operaciones especiales, desalojaron a los dueños de los domicilios, destrozaron las viviendas, cometieron atrocidades, golpearon a los agricultores, a personas de la tercera edad y mujeres, incluso a una embarazada, que hoy tiene problemas de salud.

Acusó a los policías de robar, hurtar comida, ollas, electrodomésticos, de las casas y las instalaciones de la Asociación, antes de abandonar los terrenos, cumpliendo una llamada de la Gobernación, porque se enteraron de que existe una medida cautelar, puesta por la Defensoría del Pueblo, a favor de los posesionarios de los lotes.

El abogado Salazar señaló que le contaron que todo este operativo de desalojo fue dispuesto por Pablo Muentes, asesor socialcristiano, compadre de Nebot, quien era accionista de Recycob, propietaria anterior de los terrenos, junto con Inmobiliar, ambas en liquidación.

El tal Muentes pretende recuperar esos lotes, sin que le importe el ordenamiento jurídico o cualquier proceso de construcción social en el lugar, señaló el jurista.

Destacó que, no lograron, finalmente, desalojar a los habitantes de la Asociación, quienes retornaron a sus casas. Anunció que iniciará el proceso objetivo constitucional, con el fin de presentar una acción de protección directamente en contra de los funcionarios públicos que, sin ninguna autorización legal, interrumpieron el proceso de posesión y hábitat pacífico, que tienen las familias de La Hormiga.