El juez del Tribunal de Garantías Penales, Edmundo Samaniego Luna, negó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, una acción de protección frente a la resolución del Consejo del pasado 23 de julio, que aprobó con cinco votos una moción que demandaba su renuncia ante la evidente falta de probidad notoria del consejero.

El juez Samaniego negó la acción constitucional de medidas cautelares, por considerar que no existe sustento ni justificación suficiente que pueda justificar el otorgamiento de medidas cautelares constitucionales. En la medida cautelar, Cruz, solicitaba al juez que suspenda la sesión del 23 de julio para que no cause ningún efecto la resolución que fue aprobada con cinco votos.

Cruz Larrea, enfrenta denuncias desde los mismos consejeros del Cpccs, sobre la obtención de un carné de discapacidad visual y auditiva del 81%, emitido por el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis). Su delatora, la consejera María Fernanda Rivadeneira, afirma que posee pruebas que el consejero no tiene la discapacidad que el asegura poseer.

La resolución aprobada el 23 de julio, además disponía que el expediente íntegro se remita el expediente íntegro a la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, a la Presidencia de la República y al Consejo de Transparencia y Control Social.

La sesión número 42 del 23 de julio está suspendida, y aún no concluye, por lo que la consejera Sofía Almeida, presidenta encargada de dirigía esa sesión, pidió por varios canales la reinstalación de dicha sesión, pero hasta el momento no se acoge la solicitud. En el orden del día de esa sesión también consta el pedido de información de las veedurías.

Cadena radial

El presidente del Cpccs, Christian Cruz, en una cadena radial afirmó este 4 de agosto que los pedidos de renuncia al cargo constituyen una represalia ante las denuncias por corrupción presentadas ante la Fiscalía General del Estado por $7 mil millones en casos emblemáticos registrados en varias instituciones públicas.

Con respecto al carné de discapacidad, dijo que es legítimo y que lo obtuvo en el 2009 luego de realizar los exámenes necesarios ante los médicos del caso, y recalcó que su discapacidad no es física sin audiovisual y auditiva, que sumadas las dos constituyen el 80%, esto es gracias a una tabla de valoración de discapacidad.

Dijo que el tema sobre su carné de discapacidad es un caso archivado en la Fiscalía General, y que ahora se pretende remover el caso por las pretensiones de algunas personas que quieren ocupar espacios ciudadanos y además el oportunismo político pretenden deslegitimar a una persona independiente, honesta y trabajadora, recalcó.

Cruz insistió que nunca uso su carné de discapacidad para importar vehículos o bien público, y que es una falacia lo que afirma la consejera Rivadeneira, y aclaró que el único organismo que puede destituirlo es la Asamblea Nacional. (I)