El informe que conocerán los parlamentarios fue elaborado por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Punto Noticias. El segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, está previsto que se desarrolle en la sesión del Pleno de este martes, 3 de febrero, a partir de las 10h00.

El objetivo de la propuesta de normativa es establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras, en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización, interna y externa, y actividades conexas, como el fomento a la producción de alimentos sanos.

La protección, conservación, investigación, explotación y uso de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque ecosistémico pesquero, de tal manera que se logre el desarrollo sostenible y sustentable, que garantice el acceso a la alimentación, en armonía con los derechos y principios determinados en la Constitución y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, son otras finalidades del proyecto.

La propuesta de legislación recoge las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), Código de Conducta para la Pesa Responsable, Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp).

Acuerdo de Escazú

En la misma sesión, el Pleno conocerá el informe respecto al pedido de aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

El documento, presentado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, recomienda la aprobación del Acuerdo de Escazú, considerando que es el único tratado jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible.

El organismo parlamentario considera que el país reafirmará el liderazgo regional en materia ambiental, toda vez que es el primer instrumento en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

La Corte Constitucional emitió dictamen favorable para la suscripción del Acuerdo.

Fuente: Asamblea Nacional.