El hoy sentenciado confesó su crimen con un párroco de la iglesia.

Punto Noticias.- Este lunes 3 de mayo del 2021, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a Édison G., de 21 años de edad, a 26 años de prisión por el delito de femicidio en contra de Ángela O., de 18 años de edad.

Según la información entregada por la Fiscalía, Edison y Ángela, se conocieron en un albergue para niños huérfanos, donde se realiza el servicio de protección a niños y adolescentes rescatados de contextos familiares violentos. “Allí, los dos vivieron junto con sus hermanos menores hasta cumplir la mayoría de edad y mantuvieron una relación de noviazgo”, afirma el comunicado.

Pero, cuando cumplieron 18 años, en el 2020, Ángela salió del albergue, pero en la audiencia de emancipación la abogada de la institución denunció a Édison ante un juez por presunta violencia psicológica, ya que “siempre la veía con los ojos llorosos”.

La Fiscalía dictó medidas de protección, pero semanas después el hoy sentenciado llevó a Ángela a su domicilio, ubicado en el Panecillo, centro de Quito, en donde durante la madrugada revisó su celular y “al reclamarle por la información que encontró” en el dispositivo, “la ahorcó hasta quitarle la vida”.

“A las 05:00, Édison trasladó el cadáver de Ángela hasta la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio y al encontrarla cerrada, la regresó a la vivienda”, señala el escrito.

Luego, el ahora procesado se confesó con un párroco que seguía su caso. “Me volví loco, no me acuerdo lo que pasó. Hoy la moví y no volvía en sí”, le había explicado. Ante ello el hombre le dijo que diera aviso a la Policía.

“El caso se sentenció conforme el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el femicidio con privación de libertad de veintidós a veintiséis años, en concordancia con el artículo 155 (violencia contra la mujer), más la circunstancia agravante numeral dos del artículo 142: tener una relación de compañerismo y noviazgo”, sentencia Fiscalía.

También, el juez del caso ordenó una reparación integral de USD 10.000 para los hermanos menores de la víctima y el pago de una multa de 1.000 salarios básicos unificados para la administración de justicia.

Fuente: El Comercio