El fiscal provincial presentó su teoría del caso y se refirió al grado de participación de cada uno de los procesados. El Coip establece para este caso una condena de 10 a 13 años.

Punto Noticias.- Un mes podría durar la audiencia de juicio por el presunto delito de peculado en la compra de las pruebas PCR por parte del Municipio de Quito.

Este miércoles 29 de septiembre, se instaló en el Complejo Judicial Norte la diligencia en contra de 14 procesados, entre ellos el alcalde de Quito, Jorge Yunda; el exsecretario de salud del Cabildo, Lenin M.; el representante de la empresa Salumed S.A., Alejandro V.; la secretaria de Salud del Municipio, Ximena Abarca; y la excoordinadora técnica de esa institución, Linda Guamán.

El Tribunal integrado por los jueces Wilson Lema, Fabián Fabara y Patlova Guerra dio paso al fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, para que exponga la teoría del caso.

Durante su intervención, Santillán dijo que la firma del contrato de emergencia para la adquisición de reactivos que determinen Covid-19 por PCR Polimerasa solicitada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito habría ocasionado un perjuicio de USD 2’235.491,16.

En su alegato, el fiscal señaló que probará con testimonios, pericias y documentos que la conducta adoptada por los procesados recayó en peculado.

También se refirió al grado de participación de cada uno de los funcionarios públicos y de la empresa beneficiaria del contrato.

A Yunda lo calificó como autor mediato, a Lenin M. y Alejandro V. los acusó de autores directos y al resto en el grado de coautores.

Para la Fiscalía, la empresa Salumed S.A. vendió pruebas RT-Lamp en lugar de PCR, lo que marcó notables diferencias en cuanto a la sensibilidad para detectar el coronavirus.

Mientras, la Secretaría de Salud usó los test pese a que no cumplían con lo establecido en el contrato.

Según el Código Orgánico Integral Penal (Coip), los procesados podrían enfrentar una condena de 10 a 13 años.

En el poco tiempo que estuvo Yunda en la audiencia dijo que “espera que se haga justicia y que nunca tuvo mala fe”.

Fuente: Fiscalía, redes sociales