Contraloría encuentra indicios de responsabilidad penal en caso Mascarillas

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El ente de control señala que hubo sobreprecios en la contratación efectuada por el IESS en un momento de emergencia sanitaria.

Punto Noticias.- La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en el caso Mascarillas, relacionado con el contrato de compra de este insumo médico y otros, por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El informe fue aprobado el pasado lunes por el contralor subrogante Pablo Celi y remitido el martes a la Fiscalía.

El examen especial se efectuó al proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por el coronavirus, en el IESS.

La Contraloría consideró que hubo evidencia de irregularidades no solo en la adquisición de mascarillas, sino también en la de pantallas faciales, guantes y otros equipos de protección.

Para el ente de control esta medida “derivó en el desabastecimiento de material para enfrentar la pandemia, en las unidades del IESS a escala nacional”.

Según el informe, el exdirector General del IESS, Miguel Ángel Loja, declaró en emergencia a las dependencias de salud de la entidad. Sin embargo esa es una competencia exclusiva del Consejo Directivo.

El documento, además establece que “suscribió una orden de compra por USD 9,4 millones, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma le autoriza contrataciones de hasta USD 7 millones a ese nivel jerárquico”.

Otro elemento que detectó la Contraloría es lo ya anticipado por la Secretaría Anticorrupción. En el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) se encuentran registrados más de 10 000 proveedores que cumplían con el perfil. Sin embargo, “se adjudicó a la empresa ALMANTOP S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas”.

En este punto, la entidad de control dijo que se invitó a empresas vinculadas que estaban relacionadas entre sí a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales.

La Contraloría también mencionó que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas.

“Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400%; en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100%; en guantes de látex mediano del 253% y en guantes de látex talla grande el 81%”, señala el informe.

En este proceso se involucra a más del exdirector General del IESS, a la exdirectora Nacional de Servicios Corporativos y a la exsubdirectora Nacional de Contratación Pública, entre otros funcionarios.

Fuente: El Comercio, redes sociales

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