El caso tiene que ver con la orden judicial para que Finanzas pague inmediatamente los salarios atrasados a los servidores públicos.

Punto Noticias. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, debe informar, en el término de 24 horas, sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida respecto al pago oportuno de las remuneraciones de las y los servidores públicos, advierte la Defensoría del Pueblo (DPE).

En su cuenta de Twitter, la DPE señala que el secretario de Estado, bajo prevención de sanciones, tiene 24 horas para informar sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida respecto al pago oportuno de los salarios de los trabajadores estatales.

“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del seguimiento que debe dar a la sentencia del juez Carlos Fuentes, presentó el respectivo informe, el 10 de septiembre de 2020, donde constan las denuncias expuestas por Conasep, Red de Maestros por la Revolución Educativa y UNE, organizaciones que manifiestan el incumplimiento de la sentencia”, apuntó la institución.

Según informó, oportunamente, la DPE, el juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Fuentes, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.

Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución de Ecuador, se dispuso:

– Que el presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.

– Al ministro de Finanzas, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los gobiernos autónomos descentralizados.

– Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.

– Que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones, en los primeros cinco días de cada mes, a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de Trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.