El proceso de revisión de la nueva tarifa del servicio de transporte urbano convencional está en la recta final. Este viernes se empezará a trabajar en el último eje. Las mesas técnicas analizarán los costos de operación, en los que incurren los transportistas para fijar el precio del pasaje.

La aspiración del gremio del transporte es que los ajustes se realicen hasta este fin de mes. Para pedir celeridad en el proceso se hará una marcha este jueves 20, a las 09:00, desde el parque de El Ejido hacia la Plaza Grande. Tienen previsto movilizar a 15 000 personas.

El propósito: que para el próximo año ya empiece a regir un nuevo precio del pasaje, dijo José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano. Aún no hay un valor determinado, pero inicialmente se planteó pasar de USD 0,25 a 0,42, para la tarifa completa. “Los ajustes económicos se los hace en enero, por eso queremos que las negociaciones concluyan pronto”, sostuvo el dirigente.

La transportación en buses convencionales en la urbe tiene una demanda alta: de los 1,8 millones de viajes que se realizan en medios masivos, el 67% (1,2 millones) se hace en estas unidades, según la Encuesta de Movilidad del Distrito.

A pesar de esta realidad, la presión del gremio no ha modificado, hasta ahora, la posición del Municipio sobre este proceso. La vicealcaldesa, Daniela Chacón, quien dirige las mesas técnicas, informó que comprende que los transportistas quieran avanzar a otro ritmo. El pasaje de los buses no ha sido modificado desde el 22 de enero del 2003.

Pero resaltó que en la actual administración se ha dado apertura al diálogo. No hay un plazo para conocer los resultados. “Estamos comprometidos a llegar a un acuerdo ”.

Chacón recordó, también, que los transportistas pueden movilizarse, pero no pueden suspender el servicio de transporte. En el artículo 326 de la Constitución se prohíbe paralizar este servicio.

Los acuerdos para establecer una nueva tarifa deben tener fundamentos técnicos. Fredy Paredes, coordinador de la maestría en Transporte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), explicó que para definir un nuevo precio del pasaje de los buses se deben tomar decisiones técnicas, integrales y no políticas. “La marcha es una posición intransigente de los transportistas con el Municipio. Antes estaban en las mismas condiciones y no hicieron estas movilizaciones”, comentó.
Para establecer una nueva tarifa, el docente comentó que primero es necesario un estudio de la oferta y la demanda. Este proceso es costoso y toma tiempo: en promedio cuatro meses.
“Además, hay que analizar los alcances del Gobierno Local, para cubrir las posibles compensaciones a la media tarifa del pasaje de los buses”.

Por este concepto para Quito, actualmente se requerirían USD 871 850 mensuales. El Cabildo está analizando si tienen la capacidad legal para asumir estos costos, que antes eran entregados por el Gobierno a 2 491 propietarios de buses.

En la marcha del 20 de noviembre se demandará también al Estado los valores pendientes que no se han asignado por las compensaciones de la media tarifa. La Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano estima que son alrededor de USD 10 millones desde diciembre del 2013.

En el sector del transporte hay incertidumbre sobre el tema de las compensaciones. En las mesas técnicas, integradas por representantes del transporte de buses y autoridades del Municipio, se trabaja en un nuevo esquema de este servicio desde octubre pasado.

Hasta la semana anterior se abordaron dos temáticas: nivel de calidad y de servicio y el sistema integrado de recaudo. En estos espacios se ha escuchado a representantes de la ciudadanía: adultos mayores, jubilados, académicos, estudiantes…

Las reuniones han permitido caracterizar al servicio de transporte de buses convencionales. Se han encontrado alrededor de 10 falencias: en la operación del sistema, estado físico de las unidades, documentación y atención a los usuarios .

Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad de la Transportación Urbana de Quito, planteó que la calidad del servicio es una responsabilidad compartida. “El Municipio tiene el 70% de la culpa. Falta infraestructura en las paradas, reorganizar las rutas, hay exceso del parque automotor. El maltrato al usuario es una falta de los transportistas”.

Fuente: Comercio