El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general sin modificaciones el dictamen de la minuta enviada por el Senado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que ahora falta que el Ejecutivo la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En opinión del presidente de la Comisión de Gobernación, Abel Salgado, esta ley termina los privilegios para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos. Además, su creación prepara el camino para implementar un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y la Plataforma Nacional de Transparencia.

El objetivo de la #LeyDeTransparencia es asentar las bases mínimas que dictarán el camino de los procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información. También reglamenta el Artículo 6 constitucional, al tiempo que busca:
“establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Además, crea las bases y principios de transparencia de “órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.

La iniciativa precisa que el derecho humano de acceso a la información engloba solicitar, investigar, difundir y recabar información. Además, toda la información generada, obtenida, adquirida, o transformada, en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquiera, y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional.

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