Deploró el mal manejo de la crisis sanitaria por parte del exfuncionario y del Ministerio de Salud.

Punto Noticias. “La gestión del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, atentó contra derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de los ecuatorianos”, sostuvo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en la Comisión de Fiscalización, en el juicio político impulsado por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza.

El funcionario, quien compareció como parte de las pruebas de cargo solicitadas por los proponentes, reclamó que la gestión de Zevallos y del Ministerio de Salud no fue la adecuada, desde el inicio de la pandemia.

Al conocer de la existencia del paciente cero en Ecuador no se siguió el cerco epidemiológico necesario; hubo irregularidades en el manejo de la crisis sanitaria, desabastecimiento de insumos y malas condiciones de atención médica; por último, el hostigamiento permanente al personal de salud, señaló Carrión.

Alertó que hubo irregularidades, no solo en el proceso de vacunación por la inexistencia de un plan, sino el inicio de esta etapa sin contar con un número adecuado de dosis, la aplicación de vacunas a gente que estuvo fuera del grupo comprendido en la primera línea.

Como una expresión del mal manejo de la pandemia, el defensor del Pueblo recordó que, hasta el momento, todavía hay 66 cadáveres sin identificar; se entregaron restos de personas que no correspondían a los familiares de los fallecidos.

Cuestionó que, como representante de la sociedad, solicitó información al Ministerio de Salud sobre estos temas; sin embargo, no se ha dado respuesta. Dijo que también ha presentado ante las autoridades competentes el pedido para que se investiguen todos los procesos contractuales, la aplicación de vacunas, la entrega de carnés de discapacidad, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio de Zevallos como ministro de Salud Pública.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres Correa, negó responsabilidades en la entrega irregular de carnés de discapacidad. Señaló que la entidad que preside, desde 2013, no tiene atribución en el otorgamiento de estos documentos, facultad que por disposición de la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento pasó al Ministerio de Salud Pública.

Manifestó que ni siquiera el Conadis ha podido obtener la información sobre la entrega fraudulenta de carnés a personas que no cumplieron con los requisitos para acceder a los beneficios previstos en la Ley.

“Pedimos la información sobre este tema entre marzo y mayo de 2020; sin embargo, solo desde junio del mismo año se nos dio alguna información. Lo que hemos hecho es solicitar a las instancias judiciales que investiguen más de 400 casos, sobre la base de un convenio de cooperación con la Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera Ecuatoriana”, declaró.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ismael Espinoza, titular de la Federación Odontológica Ecuatoriana, y Carlos Ulfe Machuca, representante de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, coincidieron en que los profesionales de la salud enfrentaron el COVID-19 sin armas, sin contar con los insumos e implementos de bioseguridad indispensables para cumplir con su trabajo.

Detallaron que en la pandemia han fallecido 390 médicos, más de un centenar de enfermeras, más de 60 odontólogos y otros tantos camilleros y personal de apoyo. “No descansaremos hasta reclamar y conseguir medidas de reparación frente a las condiciones con las cuales se enfrentó la pandemia, que llevaron a la pérdida de centenares de vidas de quienes hemos estado en primera línea de combate al COVID-19”, anunciaron.

Criticaron el incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario que dispuso el otorgamiento de nombramientos definitivos para quienes trabajaron en primera línea. Sobre la vacunación de los profesionales de la salud, denunció que, en Pichincha, por ejemplo, no hay un solo odontólogo que haya recibido la vacuna contra el COVID-19, pese a que están a solo 20 centímetros de la boca de sus pacientes.

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los ocho presentes, decidió, como prueba de oficio, requerir la comparecencia de Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para que exponga los fundamentos de la resolución por la cual se dispone a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la investigación de todo lo actuado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Fuente: Asamblea Nacional.