Dentro de un Gobierno neoliberal que destruyó los derechos de los ecuatorianos a los que condenan a la ignorancia y la ignominia en plena emergencia sanitaria.

Punto Noticias.- Por la información se deduce que la política gubernamental excluye el derecho a la educación a la niñez y adolescencia. Incluso se consagró la sobrecarga laboral, reducción de sueldo y atraso de pagos al magisterio de todos los niveles de la educación.

En el año lectivo 2019 – 2020 se inscribieron 1.926.026 estudiantes, de ellos el 73,48% estuvieron en planteles fiscales y el 26,52% en centros particulares, fiscomisionales. En este año lectivo 2020 -2021, la ministra de Educación, declaró en la inauguración del nuevo período escolar, que se registran 1.822.615 educandos en total. O sea, 103.411 estudiantes menos.

Desde el ministerio del ramo no hay información de referencia sobre la inasistencia de este grupo de alumnos, peor aún, el 11 de agosto, en una entrevista la ministra de Educación, Monserrat Creamer, indicó que a 17.754, estudiantes del régimen Sierra, sus docentes les perdieron el rastro.

La incertidumbre de sus estudiantes es la preocupación de varios docentes, la educación en medio de la pandemia ha dejó de ser un derecho y de ser pública. Si un estudiante o docente no cuenta con internet o un equipo tecnológico (celular, computadora), simplemente la educación no llega. Las nuevas políticas dirigidas al sistema educativo van hacia su desnaturalización como garantía al derecho de una educación gratuita, de calidad y científica, a cuento de que los lineamientos adoptados responden a la crisis generada por la pandemia.

Lo confirma el acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00038-A. Donde las medidas adoptadas por el coronavirus discriminan con fuerza a los sectores más empobrecidos y agravadas por el colapso del sistema sanitario estatal. Este acuerdo reglamenta la educación en el nuevo año lectivo 2020 – 2021 en el régimen Sierra y Amazonia, y no resuelve los problemas de fondo.

La Corte Constitucional, mediante Dictamen Nro. 220-EE-20, dispuso al Gobierno nacional que tome medidas con el fin de que toda la población estudiantil pueda acceder por todos los medios de comunicación disponibles en el confinamiento, fomentando en lo posible el acceso a la conectividad y disminuir la brecha digital, así como la socialización de protocolos sobre la transmisión y la gravedad del covid-19, y su prevención en los planteles.

El Acuerdo ministerial, dio tres opciones a los padres de familia y a las instituciones educativas:

1. Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, con programas de radio, televisión y telefonía, de la plataforma del ministerio, implementados improvisadamente, con guías para maestros y maestras, con la dificultad de generar aprendizajes en un 50% de la población escolar marginada de los recursos tecnológicos.
2. Educación Abierta, que según el reduccionismo ministerial es “virtual y en línea”, dirigida a los estudiantes de la Básica Superior y el Bachillerato, pero aquellos de sectores altos de la población con acceso al internet, la telefonía de alta gama y a los aparatos tecnológicos, permitiéndoles complementarse con asesoría, tutorías calificadas y recursos bibliográficos de todo tipo. Una alternativa manejada por los establecimientos privados, quienes cobrarán el 65% de las pensiones según el decreto del Ministerio. Razones por las que protestaron padres y madres de familia ante matrículas que no corresponden a la realidad educativa. Muchos sectores socioeconómicamente altos son los que están resolviendo las dificultades educativas de la pandemia, limitaciones que afectan a sectores medios poblacionales que hacen muchos esfuerzos para lograr educación privada o particular.
3. La opción final es la Educación en Casa, donde los padres de familia son los que asumen la educación de sus hijos e hijas. Sin posibilidades de tutorías y supervisiones a las cuales se deberá cancelar el 35% del valor autorizado de las pensiones.

Estas opciones demandan de recursos materiales, tecnológicos e internet, pero nada se ha concretado. Según la encuesta del INEC, ENEMDU de 2017, la mitad de la niñez y adolescentes en el Ecuador (52%) acceden al internet en el hogar. Hay diferencias significativas al desagregar la información por regiones, la autoidentificación étnica y la situación socioeconómica. En el sector urbano el 62% tiene acceso al internet y en el área rural el 31%. El 57% de la niñez y adolescencia mestiza tiene acceso; el 40% de afrodescendientes, el 39% de montubios y el 15% de la indígena, para estos últimos en el sector rural cae al 7%. La población no pobre accede el 61%, en tanto que la población empobrecida solo el 26%. Lo cual se complica porque tampoco tienen los recursos tecnológicos para acceder a la educación virtual o Educación en Casa que el Gobierno promueve pero no lo garantiza.

Se recuerda que hace varios meses a propósito del covid hubo un recorte de más de USD 900 millones a la educación general, incluso el Ministerio de Educación decretó la eliminación del Servicio para la Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI) desarrollado en 89 distritos educativos a escala nacional con 738 docentes que ahora no trabajan y atendían a 19.975 niños y niñas de 3 y 4 años casa por casa; una oferta educativa incluyente en tiempos de pandemia que fue destruida de un plumazo. Además, la oferta Educativa de Alfabetización, Post alfabetización, Básica Superior y Bachillerato intensivo, que atendía a 146.576 personas fue afectada. Ahora se desconoce si estos alumnos continúan o no estudiando.

Para el retorno al nuevo año lectivo en el régimen Sierra y Amazonia, no se resolvió los problemas centrales y emergentes como: falta de conectividad, internet, equipos tecnológicos, déficit de docentes cerca de 70.000, según la base de datos de la Unión Nacional de Educadores, quienes podrían dar cobertura en básicamente en los sectores rurales y comunitarios, y al contrario, fueron despedidos 6.000 maestros y maestras de distintos niveles educativos.

El enfoque del régimen va hacia disminuir el gasto social e incluso privatizar colegios y escuelas públicas con fundaciones y fideicomisos a cuento de planteamientos “innovadores” y donde el Gobierno busca aprovecharse de la actual circunstancia dolorosa y así garantizase las tasas de ganancia para las grandes empresas que demandan de fondos del Estado.

Se vuelve a las aulas con un planteamiento educativo presentado como: “transformador”, curricular, pedagógico y didáctico. Pero en la realidad promueve la repetición mecánica del esquema tradicionalista de la educación presencial, solo que ejecutado por medios virtuales.

Los docentes están en el dilema frente a la vigilancia y control del ministerio, que no entiende que la tecnología, incluso en épocas de emergencia, es una herramienta de mediación entre estudiante y docente.

Es torpe la decisión adaptar guías y textos completos del Currículo Nacional a documentos portátiles o a plataformas con esquemas, proyectos, políticas del pasado, que no hacen otra cosa que demostrar precisamente el menosprecio a la educación pública y la incompetencia para enfrentar los retos que exige las urgentes necesidades de la educación pública y sobrecargando de actividades a los docentes.

Expertos indican que la educación en Ecuador retrocedería años con respecto a la tasa neta de asistencia, rezago y deserción escolar, entre otros. Dentro de un Gobierno neoliberal que destruyó los derechos de los ecuatorianos a los que condenan a la ignorancia y la ignominia en plena emergencia sanitaria.

Frente a esta realidad se debe enfrentar los problemas, entendiendo que la educación y la salud no son un gasto y evitar la implantación de políticas segregativas, que incrementan una realidad inequitativa como lo aplica la política del Ministerio de Educación y del Gobierno. Quienes son responsables de la falta de condiciones de retorno a las aulas de manera semipresencial o presencial, al recortar el presupuesto, hacinar estudiantes en plataformas que luego deberán trasladarse a sus aulas. Eso sí el Gobierno para mantenimiento en infraestructura educativa recortó USD 135.811,21, en plena emergencia sanitaria.

Frente a esta realidad los maestros han desarrollado estrategias para no dejar de contactarse con sus estudiantes y brindar su conocimiento y contingente de apoyo emocional, ya que el Gobierno y la Ministra de Educación les dio la espalda al no dotarles de todos los materiales y garantías básicas para su trabajo, al recortar su sueldo que lleva congelado más de cinco años, y donde de los más de 169 mil docentes el 73,43% se encontraba ganando un sueldo de $ 817,00. Frente a una canasta básica que para el mes de enero del 2020 sobrepasaba los USD 700.

En salud y educación no se puede afectar a nadie, menos a las familias más pobres que son quienes están sufriendo recortes en sus haberes, despidos, fallecimiento de familiares. El Gobierno debe dotar de manera urgente de recursos tecnológicos e internet gratuito a estudiantes y profesores/as, solo así podemos garantizar el acceso en el actual contexto y en el fin de superar esta pandemia en condiciones básicamente dignas para quienes están sometidos a la pobreza. Es necesario devolver el presupuesto que se recortó a educación, y garantizar las condiciones para cuando todos estén preparados retornar a las aulas, ya que está demostrado que el aula y el docente no pueden ser remplazados ni por la mejor plataforma virtual del mundo.

Fuente: Plan V