Hacer público el informe de la Cruz Roja sobre el estado de salud de los 53 jóvenes detenidos en las protestas del 18 de septiembre pasado en los alrededores del colegio Mejía es parte de la estrategia de sus defensores para lograr su libertad.

Ayer, un grupo de familiares de los estudiantes se reunió con los abogados para definir acciones por la audiencia de juzgamiento prevista para el jueves próximo, a partir de las 07:30, en la Fiscalía.

Ellos permanecen en el Centro de Detención Provisional (CDP). Están acusados de supuestos daños a la propiedad, delito que se sanciona con prisión de dos a seis meses.

El presidente del Colegio de Abogados, José Alomía, aseguró que el documento de la ONG es una prueba fundamental en el caso porque, según la Constitución, ninguna persona puede ser objeto de tortura, maltrato, vejamen o agresión psicológica o física, como habría ocurrido con los chicos del Mejía.

Alomía no descartó que se use también la vía de la conciliación. La alternativa consta en el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal. Es similar a la fianza, pero Alomía indicó que todo dependerá de la decisión de la jueza que lleva el caso, Daniela Mayorga.

Gonzalo Realpe, otro abogado de los chicos, comentó que el pedido que hizo el fiscal Javier Bósquez de aplazar la diligencia por cuatro días fue un “cálculo” porque al Estado “se le ha hecho imposible ocultar que los jóvenes fueron golpeados y ellos aún presentan heridas, roturas en su cabeza e inclusive una extracción de uno de los dientes”. Agregó que lo que quiere el fiscal es que se les desaparezcan los hematomas.

Realpe señaló que el informe de la Cruz Roja es confidencial, pero que podrían usarlo pues la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, ya reveló algunas partes en la última sabatina.

El abogado anunció que se están haciendo gestiones para que la Cruz Roja permita que el documento se divulgue.

“El país se va a quedar asombrado de las lesiones que presentan los jóvenes detenidos, muchas de ellas no fueron presentadas en el momento de la detención, sino en horas siguientes en recintos policiales”, refirió el defensor.

12

días

llevan detenidos los estudiantes que protestaron en las afueras del Mejía el pasado 18 de septiembre.