De acuerdo al informe, autoridades y funcionario de Petroecuador habrían beneficiado a las empresas adjudicadas Noble Americas Corp., Arkham S.A. y Petrochina International Co. Ltd.

Punto Noticias. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue a los servidores y autoridades de la empresa pública Petroecuador que intervinieron en los procesos de importación de naftas de alto octano, entre 2014, 2015 y 2016, así como a las empresas adjudicadas, al existir presuntos indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, y un presunto perjuicio económico para el país de más de $62 millones.

Acompañada del consejero David Rosero, Almeida interpuso la denuncia este 3 de mayo de 2021 y destacó que debe existir una investigación “para detener el mal manejo de los recursos de todos los ecuatorianos”.

El informe de la indagación concluye en un estudio económico que determina que el Gerente General, Gerente de Comercio Internacional, y otros funcionario de Petroecuador habrían participado en los procesos que beneficiaron a las empresas adjudicadas Noble Americas Corp., Arkham S.A. y Petrochina International Co. Ltd. abusando de recursos públicos al cancelar precios unitarios de barril superiores a los promedios cancelados, en el mismo mes y tipo de nafta, a otros proveedores, según lo reportado en las estadísticas de EP Petroecuador, generando un perjuicio aproximado de $62´681.168,06.

El presunto delito se habría facilitado por cambios en la normativa de EP Petroecuador que regula los procesos de importación. “Se dio una concentración de funciones en el gerente de Comercio Internacional y se incluyó a la modalidad de contratación directa para contratos a largo plazo. Esto permitió que los procesos de licitación ya no requieran un concurso, sino que se podía elegir directamente al proveedor que presente una propuesta con las especificaciones técnicas requeridas”, explica el CPCCS.

Este informe también lo enviarán a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado.