Daniel Salcedo enfrenta cuatro procesos judiciales, en dos ya ha sido llamado a juicio
Daniel Salcedo Bonilla, investigado por su presunta participación en actos de corrupción en la compra de medicinas de hospitales públicos, registra cuatro procesos judiciales en su contra: peculado, delincuencia organizada ,fraude procesal y lavado de activos. Por la tercera causa citada la audiencia de juzgamiento será este miércoles 25, a las 11:00. Por la cuarta, aún no se registra fecha en el portal de la Función Judicial.
Por fraude procesal, la jueza Mónica Caicedo llamó a juicio, el 30 de octubre, a Daniel Salcedo por el supuesto intento de fuga de Salcedo con un nombre falso, el 8 de junio pasado, cuando se estrelló la avioneta en Perú; a la enamorada de Salcedo, Jocelyn Mieles; al piloto Franklin Lara; y a Alfredo Adum, socio de la firma dueña de la aeronave y exdirigente del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).
La jueza ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva contra los procesados, la retención de cuentas $ 4.000 por el valor de la multa y reparación, la prohibición de enajenar los bienes y vehículos, y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas a Samuel Estéfano A.B.
«Fraude procesal es intentar engañar a los jueces en algún proceso y cambiar historias. Al darse cuenta de que lo querían involucrar en algo que no había hecho y al ver que no hay seguridad jurídica decidió irse, sin decirle siquiera a sus acompañantes, qué fraude procesal puede ser esto», cuestionó Luiz Pico Díaz, abogada defensora de Salcedo, cuyo patrimonio -de él y sus cuatro empresas- incluye al menos siete vehículos y seis bienes inmuebles en Guayaquil, Daule, Salinas y La Libertad.
Además, $ 1,7 millones en cuentas bancarias locales; $ 1,6 millones en el exterior, según los registros del Servicio de Rentas Internas; y tres compañías y dos lujosas propiedades en Estados Unidos. Todos los bienes de Salcedo fueron congelados desde julio pasado.
Lavado de activos
El 9 de noviembre, los hermanos Daniel y Noé Salcedo fueron llamados a juicio como presuntos autores del delito de lavado de activos por tener, de acuerdo con el dictamen fiscal acusatorio, dinero de procedencia ilícita, transferirlos al sistema financiero y adquirir bienes dentro y fuera del país con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos.
Este proceso se inició tras la detención de Noé Salcedo, al día siguiente del accidente aéreo, en la frontera con Perú. Llevaba $ 47.000, celulares, tarjetas de crédito y credenciales, una de ellas falsa con otro nombre (Abraham Muñoz) y la foto de su hermano. El dinero, según Noé, era para ayudar a su hermano Daniel.
Jorge Antonio S. L. y Jorge Darío S. M., contador y gerente de empresas de Salcedo también fueron llamados a juicio en calidad de supuestos cómplices; al igual que las compañías HDC Producciones, Paliye, Higcistem, Mareworld Group, Salnoedan Productions e Industria Saldanobo, por presuntamente ser partícipes a través de sus representantes legales.
«En este delito no puede haber complicidad, como puede admitir que tenía conciencia y voluntad, de que había orígenes ilícitos del dinero», señaló José Moreno, defensor del contador; mientras que el gerente Jorge Darío S. M. indicó: «La Fiscalía argumenta que yo debía conocer todo en la empresa, no es así porque mi trabajo era más de campo, solo iba a la empresa cuando requería una firma o para presentar informes».
Agregó que ha presentado el detalle de sus cuentas bancarias por anticipos de consultorías particulares, ajenas a la empresa H.D.C. Producciones.
Pico, la defensora de Salcedo, sostuvo que se habría demostrado que esos valores no tienen origen ilícito. «No hay lavado de activos.., iremos al Tribunal y demostraremos la verdad», indicó.
Peculado
La instrucción fiscal en el caso de peculado contra Daniel Salcedo, funcionarios del hospital de Los Ceibos y dueños de la empresa Silverti, por la compra con presunto sobreprecio de bolsas para embalaje de cadáveres en hospitales públicos, concluyó en octubre y se convocó a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio el 1 de diciembre, a las 09:30, en una de las salas de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil.
Además de Salcedo están siendo investigados por este caso el contador de las empresas de Salcedo, Jorge Antonio S. L.; las funcionarias del hospital IESS de Los Ceibos, Johanna Isabel V. F., Susana Paola M. L., Cristina del Rocío G. Z; los administradores de Silverti, Fabián Humberto B. M. y Sandra Marynelcy O. R.; al directivo de Bionic, Lenín Alfonso R. G.; y al proveedor Alejandro B. R.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el 6 de noviembre pasado, pero fue diferida a pedido de la fiscal Claudia Romero, quien presentó un certificado médico, y del procesado Daniel Salcedo.
La fiscal Claudia Romero señaló, en la audiencia de septiembre, que se pudo establecer que «no existió un adecuado estudio del mercado dentro de la adjudicación del contrato, así como también los costos elevados y por ellos favoreciendo a terceras personas, a través de funcionarios públicos, que abusaron de sus funciones disponiendo arbitrariamente el dinero público»
Como evidencias, Romero presentó facturas de adquisición de fundas de cadáveres que utilizan la policía judicial y el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses a un precio de $ 11,32. El hospital de Los Ceibos contrató 4.000 unidades, cada una por $ 148, pero el proceso se suspendió.
«No ha salido ni un solo dólar de perjuicio al Estado, pues no les pagaron nada a la empresa Silverti, donde Daniel Salcedo no intervino en nada», apuntó la abogada de Salcedo.
Silverti, según la audiencia, tuvo como principal cliente al hospital Teodoro Maldonado Carbo, el año pasado, con $ 2,3 millones; y el hospital de Los Ceibos, con $ 1,6 millones. Como proveedores figura la comercializadora Casamédica por un valor de $ 47.000 por venderles fundas de cadáveres, que -según el proceso- se venden luego con sobreprecio a la casa de salud.
La empresa procesada, además, transfería dinero a otra firma, Bionic, que a su vez pasaron a cuentas de otras dos personas y al final llegaba a empresas de Daniel Salcedo, como H.D.C. Producciones.
En caso de que no comparecieren los abogados defensores a la audiencia, según la convocatoria, se les impondrá una multa de hasta dos remuneraciones básicas y la suspensión del ejercicio profesional por 60 días.
Delincuencia organizada
En el proceso por delincuencia organizada contra 17 personas, entre ellos los hermanos Salcedo, funcionarios públicos e integrantes de la familia Bucaram, continúa en instrucción fiscal. Se los investiga por presuntamente formar parte de una organización que favorecía a empresarios a través de convenios de pagos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, ambos del IESS.
Para mañana, lunes, hay audiencia privada en este caso.
La Fiscalía sostuvo, en un audiencia de octubre, que cuando se concluya la investigación se establecerá si hubo participación, qué grado de complicidad, quién fue el director logístico, quién entregó los medios y el aporte financiero, el líder de la organización, con pruebas y elementos periciales, como si existieron las supuestas reuniones de los hermanos Jacobo y Dalo Bucaram con Xavier Jordán, Luis Jairala, entre otros. «Eso consta periciado en la audiencia privada, como en la experticia documentológica», refirió la Fiscalía y agregó -según el proceso- que una empresa de Salcedo dio las facilidades para conseguir pasajes de avión a miembros de la familia Bucaram.
Sobre esta investigación, la defensa de Salcedo refirió: «Porque encontraron que una de las empresas de Daniel Salcedo compró pasajes aéreos a la familia de Dalo Bucaram, ¿desde cuándo eso es delito?».
Pico insistió en la inocencia de los hermanos Salcedo, y comentó que Daniel Salcedo está bien de salud, pero su hermano Noé está «delicado, con dolor por tanta persecución». Añadió: «Esperamos justicia, porque no todo lo que se dice es verdad».
«No son elementos alejados, tienen vínculos con funcionarios públicos donde se han suscrito contratos, convenios de pago.., toda la organización se encuentra interrelacionada», alegó la Fiscalía, según el proceso judicial.
«Mi defendido no tiene nada que ver en la asociación ilícita ni delincuencia organizada, y no hay ningún prófugo», sostuvo Leonidas Plaza, defensa de Abdalá Bucaram Pulley, en la audiencia del 6 de octubre. El mismo día, el abogado Jaime Toral, defensa del exjefe de compras públicas del hospital del IESS Jorge Josué H. A., señaló: «Los indicios que ha señalado la Fiscalía no son suficientes, no son claros.., mi cliente salió fuera del país mucho antes de que se ordenara alguna medida en su contra, él no ha fugado, nadie va a regresar a un país cuando no existe la seguridad jurídica».
Para el 12 de noviembre se convocó a algunos procesados, como al contador de las empresas de Salcedo, Jorge Antonio S. L., a una audiencia de revisión y revocatoria de prisión preventiva el viernes 20 de este mes, de manera presencial, en la sala de la Unidad Judicial Penal Norte 1 de Guayaquil.
A pedido de la Fiscalía se autorizó en días pasados la explotación, extracción, apertura y análisis de toda la información que está bajo cadena de custodia, como celulares de los procesados, reportes telefónicos. Esta diligencia se realizaría el 16 de noviembre en audiencia privada, en la Unidad de Criminalística de la Policía Judicial del Guayas.
Al ex presidente del directorio del Consejo Directivo del IESS Paúl Granda López se le concedió arresto domiciliario, al igual que al ex director del hospital Teodoro Maldonado Carbo Luis Enrique J. Z.; y a funcionarios, como la ex gerenta del hospital de Los Ceibos Susana Paola M.L. se les ratificó prisión preventiva. (I)
