Cuando en las minas de Buenos Aires (en Urcuquí, Imbabura) se acercaban desconocidos, varios parlantes ubicados estratégicamente inundaban con música a todo volumen esa zona llena de improvisadas casuchas hechas con plástico y madera.

Víctor S. recuerda que esa era una de las tantas alertas que los ‘armados’ tenían para hacer saber a nacionales y extranjeros que controlaban todo en los asentamientos de La Feria, La Vicera, La Ciudad de Plástico, la Mina Vieja, la Mina Nueva, El Dorado y Los Olivos.

El ciudadano decía no sorprenderle las condiciones de vida en el lugar; pero sí le llamaba la atención el ‘sistema de seguridad’ que se les planteaba a todo aquel que vivía en los precarios asentamientos a partir de la violencia, las armas, la amenaza de muerte.

Los policías que ingresaron en la operación Nuevo Amanecer a Buenos Aires, hace dos semanas, tenían cierta información de que en la zona existían lugares donde se enterró gente ajusticiada por contravenir alguna norma definida por grupos que, dicen los mineros, tenían armas tan largas que, colgadas en hombros, el cañón caía más abajo de las rodillas.

No existe aún una confirmación oficial de las decenas de muertos o fosas comunes de las que se hablan y la Policía ha dicho que toda información entregada se va cotejando. Al momento, 7 cadáveres han sido ubicados en el interior de la zona de minas: 6 podrían tener relación con actos violentos y uno sería por muerte natural.

Aunque Patricio Carrillo, director general de operaciones de la Policía, indicó el jueves que se ha hecho el levantamiento de cinco cuerpos en las zonas intervenidas y que en los próximos días se determinará las causas de estos decesos.

Marco M. dice haber tenido una tienda en la zona de La Feria y que estuvo en su cambuche (precaria construcción de madera, plástico y zinc) la madrugada del 23 de junio pasado cuando se dio un balacera. Mientras se protegía, escuchó ráfagas de metralleta y gritos de “¡Para y te perdono la vida!”.

Relata que luego de una hora y media todo se calmó y un extranjero armado les convocó a todos a una reunión. La cita habría durado media hora y ahí se les explicó que a quienes perseguían eran gente que se les “torció” (cambiaron de bando) porque querían manejar la mina. Los ‘armados’ querían que esa lección quede clara.

Según Marco, este grupo estuvo a cargo de las minas los últimos cinco meses, hasta que llegó la operación de desalojo, autorizada por un estado de excepción presidencial.

Mineros, cocineras, perforadores, picapedreros, cargadores, poleístas que abandonaban las minas tras la operación militar y policial hablaban de no menos de cinco grupos armados que estuvieron a cargo de toda la zona de explotación ilegal. Ellos los veían como gobiernos paralelos que decretaban formas de vida, cobraban impuestos de entre 7 % y 10 % de todo lo que se producía o se comercializaba, y hasta impartían justicia.

Marco asegura que cada uno de estos grupos fue superando al que le antecedía a la fuerza, “tirando bala”, “imponiéndose con muertos”.

Pobladores de estos asentamientos llamaban a estos grupos: ‘paras’, ‘guerros’, ‘armados’, pero coincidían en que, con cualquiera de ellos, la ‘seguridad’ estaba garantizada, aunque esta se base en el escarmiento para ladrones y todo aquel que no se dedique a tareas productivas.

Presencia policial

La ministra del Interior, María Paula Romo, refirió que el Estado, a través de la Policía, jamás ha dejado de tener presencia y control en la zona. Explica que entre 2018 y junio de 2019 se incautaron casi 3.500 toneladas de material aurífero, se hicieron 325 operativos contra la minería ilegal y fueron aprehendidas casi 9.000 personas.

Dictan medidas cautelares para detenidos en hostería

Los cinco implicados en presuntas actividades ilícitas con recursos mineros en una hostería del exasambleísta y exfutbolista Agustín Delgado recibieron medidas cautelares.

Los tres extranjeros, Wu Haitao, Xian Zhon Yu y Zhan Youpen, presentaron documentación sobre sus labores en Ecuador y explicaron que fueron contratados para desarmar una procesadora en el sitio, al igual que los ecuatorianos Darwin Efraín P. y Vicente C.

Ellos deberán presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y tienen prohibido abandonar el país durante los 90 días.

Delgado declaró que él alquiló las instalaciones y aunque ofreció dar detalles a la prensa, hasta el viernes no lo hizo.

En tanto, ayer la Policía destruyó 25 cambuches en el sector de Mina Nueva, donde se procesaba de manera ilícita material aurífero extraído de Buenos Aires, informó el Ministerio del Interior. (I)