Correísmo bajo presión, ¿cómo podría impactar el caso Caja Chica en su futuro político?. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

El caso Caja Chica pone al correísmo bajo presión política y reabre el debate sobre su liderazgo y futuro electoral.

La Fiscalía General del Estado ejecutó el 28 de enero de 2026 un operativo nacional dentro del denominado caso Caja Chica, que involucra a la excandidata presidencial Luisa González y a varios dirigentes del correísmo. Las diligencias incluyeron allanamientos en inmuebles de Pichincha y Guayas, con apoyo de la Policía Nacional.

Entre las personas investigadas constan Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez, Saud Manzur, Fausto Herrera, Patricio Rivera y la abogada Bibian Hernández, según una notificación difundida por el propio expresidente en redes sociales.

Luisa González en el centro del caso y Rafael Correa en la conducción política

La institución investiga presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y financiamiento político irregular, relacionados con la posible entrada de dinero desde Venezuela para la campaña presidencial de 2023. Durante los operativos, los equipos fiscales levantaron teléfonos celulares, pasaportes, memorias USB y documentos, que quedaron bajo cadena de custodia. No se reportaron detenciones.

El caso coloca a Luisa González en el foco del debate político. Andrés Obando, especialista en comunicación política, explica que el impacto sobre su imagen depende del segmento que observe el proceso.

Para la base correísta, ella continúa como víctima de persecución; para el anticorreísmo, aparece como culpable incluso antes de una sentencia; mientras que en sectores moderados se instala una duda, influida por antecedentes de allanamientos que no siempre derivaron en procesos concluyentes.

Sofía Guerrero, analista política, señala que el efecto para González es principalmente reputacional y estratégico. La vinculación a una investigación por financiamiento irregular restringe su margen discursivo y la obliga a concentrarse en una agenda defensiva, lo que reduce su capacidad de expansión electoral hacia nuevos votantes.

En cuanto a Rafael Correa, Obando sostiene que su conducción política dentro de la Revolución Ciudadana no cambia, pese a residir en el exterior. Guerrero coincide en que el impacto para él es indirecto, pero estructural, ya que el caso refuerza la percepción de un movimiento con liderazgo centralizado y con dificultades para proyectar renovación o institucionalización.

Cohesión interna frente al proceso judicial

Obando afirma que, ante procesos de este tipo, la Revolución Ciudadana tiende a cerrarse y a depurarse más que a fragmentarse. Según su análisis, quienes no comparten la línea del movimiento terminan saliendo o siendo marginados, mientras la dirección política se mantiene concentrada.

Guerrero explica que, desde la teoría de partidos, la judicialización suele activar un mecanismo de cohesión frente a una amenaza externa.

Este efecto reduce, en el corto plazo, los incentivos al disenso interno y refuerza la disciplina partidaria. Sin embargo, advierte que esa unidad puede volverse inestable si el proceso empieza a comprometer candidaturas, alianzas o gobiernos subnacionales, lo que podría llevar a actores con capital político propio a distanciarse.

Narrativa de persecución y desgaste ante la opinión pública

La narrativa de persecución política continúa como uno de los principales marcos discursivos del correísmo. Guerrero recuerda que este argumento se utiliza desde el gobierno de Lenín Moreno y que su eficacia depende de que el proceso carezca de evidencia pública verificable o se perciba como selectivo.

Desde su perspectiva, el financiamiento irregular constituye un umbral distinto frente a otros delitos, porque conecta con desigualdad electoral, corrupción sistémica y captura del poder. La narrativa comienza a desgastarse cuando aparecen pruebas documentales claras, el proceso muestra consistencia técnica y el caso se instala como un problema ético e institucional más allá de la disputa política.

Obando añade que el impacto puede ser mayor si se hacen públicas conversaciones o evidencias comprometedoras extraídas de los dispositivos incautados, escenario que, según su análisis, podría resultar determinante para la imagen de Luisa González y del movimiento.

Proyección electoral y movilización de la base

En términos electorales, Obando considera más probable que el caso funcione como un factor de movilización de la base dura del correísmo. Señala que el tono confrontacional adoptado por González en sus declaraciones públicas puede convertirse en un elemento de activación política y reforzar la identidad del movimiento, en un contexto de alta polarización.

Guerrero sostiene que el impacto no debilita de forma inmediata la estructura del correísmo, pero sí afecta su capacidad de crecimiento. El proceso judicial tiende a fortalecer el piso electoral, al reforzar lealtades internas, pero reduce el techo, ya que genera mayor resistencia entre votantes indecisos, sectores moderados y potenciales aliados.

Ambos analistas coinciden en que el desarrollo del proceso, la calidad de las pruebas y su eventual judicialización marcarán el alcance político del caso Caja Chica en el futuro del correísmo.