Las preguntas incluyen reformas para permitir la presencia de bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y reducir el número de asambleístas.

También proponen autorizar la contratación por horas en el sector turístico para la primera relación laboral y someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Además, plantean permitir la reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas con un tributo destinado a programas contra la desnutrición infantil.

Efectos de eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos

Rafael Silva, consultor político, indicó que la eliminación de este financiamiento podría reducir la creación de organizaciones políticas sin estructura real que han contribuido a la dispersión del voto y a una representación ficticia.

Explicó que esta pregunta no soluciona de manera integral el problema del multipartidismo extremo, ya que persiste la falta de una autoridad electoral con capacidad para regular la formación y el financiamiento de partidos. Señaló que, al no recibir recursos públicos, las organizaciones deberán obtener fondos por otras vías, lo que obliga al Estado a fiscalizar su origen y uso.

Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, sostuvo que esta medida tiene implicaciones institucionales y sociales. En el plano institucional, dijo que se requieren mayores controles sobre el financiamiento, lo que implicaría fortalecer al Consejo Nacional Electoral o crear un organismo especializado en auditoría electoral.

En el plano social, afirmó que la política se volvería más elitista, ya que la participación dependería del capital económico y político que se posea. Explicó que, como ocurre en países como Canadá o Estados Unidos, esto limitaría las oportunidades para nuevos actores.

Consecuencias de eliminar el Cpccs

Silva afirmó que suprimir el Cpccs devolvería a la Asamblea Nacional la facultad de designar autoridades de control, restableciendo el equilibrio de poderes. Explicó que este proceso debe realizarse mediante ternas y procedimientos establecidos, y señaló que el Cpccs ha servido más a los partidos políticos que a la participación ciudadana.

Ron consideró que el Cpccs no genera actualmente ningún equilibrio de poder por tratarse de una institución fallida. Indicó que, al trasladar sus competencias a otras entidades, se necesitarían controles adicionales. Estos controles serían necesarios para evitar que esas autoridades incurran en actos arbitrarios o se conviertan en botines políticos.

Impacto de reducir el número de asambleístas

El consultor político advirtió que el efecto de esta medida dependerá de los detalles en el anexo de la pregunta. Entre esos detalles mencionó la forma de asignar escaños, el tipo de listas y la configuración de las circunscripciones. Explicó que la reducción tendría un mayor impacto proporcional en circunscripciones grandes y uno limitado en las pequeñas.

Ron opinó que esta medida no afecta la pluralidad. Señaló que el sistema político se encamina hacia una dualidad de opciones debido a reformas previas al Código de la Democracia.

Sin embargo, sostuvo que esta reducción, combinada con el financiamiento privado, podría desincentivar la participación política y reforzar el carácter elitista de la actividad partidaria.

Riesgos del juicio político a jueces de la Corte Constitucional

Silva señaló que esta propuesta se da en un contexto de confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional por leyes económicas urgentes. Indicó que, aunque existen cuestionamientos al accionar de la Corte, la medida pondría en riesgo su independencia al permitir presiones políticas sobre sus jueces.

Ron advirtió que el juicio político en Ecuador se ha convertido en un mecanismo mal utilizado, citando ejemplos recientes en la Asamblea Nacional.

Consideró que, con el nivel actual de desconocimiento de la práctica parlamentaria, permitir que jueces constitucionales enfrenten este proceso representaría un riesgo manifiesto. Este riesgo afectaría su función de garantizar la constitucionalidad y el orden institucional.