Andrés Arauz: «Ecuador ha visto socavada su soberanía bajo el Gobierno de Guillermo Lasso» 

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Considera que el regreso del país al CIADI otorga «impunidad» a la grandes empresas y consolida el giro de la política exterior de Quito iniciado durante el Gobierno anterior

Bajo el Gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador se ha convertido en un rehén de las grandes empresas, luego de que la nación suramericana anunció su determinación de regresar al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), una institución de arbitraje que forma parte del Grupo del Banco Mundial.

En entrevista exclusiva con RT, Andrés Arauz, excandidato a la Presidencia, asegura que la decisión tomada por el Gobierno contraviene la Constitución y representa un «retroceso», pues coloca contra la pared al Estado ecuatoriano que, una vez dentro del CIADI, se verá obligado a desembolsar millones de dólares a favor de las transnacionales que hayan ganado los arbitrajes.

A la par de su reingreso al CIADI, el presidente Lasso no ceja en su intento de incorporar a Ecuador a la Alianza del Pacífico, un bloque regional integrado por Chile, Colombia, México y Perú lanzado en abril de 2011 en la ciudad de Lima.

Su adhesión como miembro pleno, sin embargo, pasa por establecer un tratado de libre comercio con México, cuyo Gobierno está exigiendo una cláusula arbitral inversionista-Estado que, al igual que el CIADI, contraviene el orden constitucional.

Para la administración de Lasso, ambas acciones buscan promover un ambiente «competitivo» para los negocios. Para Arauz, sin embargo, se trata de otorgar «impunidad» a grandes empresas y consolidar el giro de la política exterior de Quito iniciado durante el Gobierno anterior.

«Regresar al CIADI, una acción antipatriótica»

«Ecuador ha visto socavada su soberanía bajo el Gobierno de Guillermo Lasso», asegura Andrés Arauz, quien se desempeñó como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano durante la administración de Rafael Correa.

La embajadora de la nación suramericana en EE.UU., Ivonne Baki, anunció el 21 de junio la decisión de volver a incorporarse al CIADI. Para el Gobierno de Lasso la reinserción de Ecuador en el CIADI significar mandar una «señal de confianza» a los mercados internacionales, especialmente a los «empresarios interesados en invertir» en el país.

El convenio de adhesión «impulsará la generación de un entorno atractivo para las inversiones y competitivo para los mercados», señala un comunicado de prensa publicado por el Gobierno. El CIADI, se lee en el documento, es «un órgano técnico, independiente y despolitizado que forma parte del Grupo del Banco Mundial y que administra arbitrajes en respeto a la soberanía de los Estados».

Para Andrés Arauz, sin embargo, el CIADI es una institución que la mayoría de las veces ha fallado a favor de empresas transnacionales y que, en el caso de Ecuador, está demostrado que sus arbitrajes han sido «muy lesivos» para las finanzas del Estado.

«No existe evidencia de que el haber pertenecido al CIADI haya traído una mayor inversión, o haber suscrito Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), son más bien esquemas que facilitan la impunidad corporativa, así como la destrucción ecológica y la degradación socioambiental en menoscabo de la soberanía de los recursos naturales de nuestro país».

Los factores para atraer inversión, explica Arauz, son «la estabilidad política, una economía en crecimiento, un elevado poder adquisitivo de la población y la disponibilidad de los recursos naturales y mercados de exportación en el caso de proyectos de gran escala».

De un total de 14 arbitrajes que Ecuador ha enfrentado como parte del CIADI, la nación suramericana se ha visto obligada a pagar indemnizaciones en ochos casos por un total de más de 1.900 millones de dólares.

En 2009, cuando enfrentaba juicios de transnacionales que demandaban más de 10.800 millones de dólares, el Gobierno denunció el Convenio del CIADI para tramitar su salida, una acción que fue rechazada por un sector de las élites empresariales en el plano local, que lo acusaron de «socavar la confianza» de los inversionistas.

Ya para 2013, el presidente Rafael Correa instruyó la realización de una auditoría jurídica y económica, a cargo de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones (CAITISA).

Esta Comisión, compuesta por tres tipos de miembros— representantes de los ministerios públicos, expertos internacionales y representantes de la sociedad civil—, llegó a la conclusión de que la incorporación de Ecuador al CIADI, así como la suscripción de varios TBI habían sido perniciosos, pues se había cometido violación de derechos humanos y de la Naturaleza.

En este contexto, Andrés Arauz comenta que la decisión del Gobierno de Guillermo Lasso de tramitar el regreso de Ecuador al CIADI representa, en primer lugar, una «acción antipatriótica», pues ahora el Estado se verá obligado a realizar desembolsos por varios millones de dólares a las empresas que obtuvieron fallos a su favor bajo esta institución arbitral.

En segundo lugar, el economista destaca que dentro del CIADI se cede soberanía jurídica a favor de tribunales internacionales, con lo cual, el regreso de Ecuador a este mecanismo del Banco Mundial contraviene la Constitución aprobada en 2008 vía referéndum.

Para Arauz la decisión del Gobierno es una «vía para justificar» desembolsos a favor de empresas transnacionales ya que, si bien Ecuador había perdido varios de los arbitrajes, su salida del CIADI le permitía o bien no pagar, o bien postergar los desembolsos. Una vez que el país vuelve a formar parte de esta institución arbitral, sin embargo, el Gobierno tendrá que cumplir ‘al pie de la letra’ sus obligaciones.

El caso más reciente es el de la transnacional Perenco, una empresa de petróleo y gas constituida en un paraíso fiscal, las Islas Bahamas. Ecuador perdió el arbitraje y, a partir de su reingreso al CIADI, la transnacional tiene el ‘sartén por el mango’ para hacerse de los 412 millones de dólares estipulados en el fallo.

Otro de los motivos para regresar al CIADI, comenta Arauz, era «abonar el camino para llevar adelante la privatización de sectores clave de la economía». El excandidato presidencial advierte que el Gobierno de Lasso tiene en la mira el rubro de las telecomunicaciones, así como las industrias petrolera y eléctrica.

«Las transnacionales, muchas veces en alianza con élites locales, buscan que la privatización esté blindada con el arbitraje internacional, en el marco del CIADI, en caso de que haya una decisión posterior desde el ámbito legislativo que disminuya su poder frente al Estado y la sociedad, o tenga algún costo para la empresa».

En cuanto a acciones para revertir la acción del Gobierno, Arauz resalta la oposición de los legisladores de la Asamblea Nacional, especialmente de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES). «Se tomó la decisión por parte de la Asamblea Nacional de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la firma del Convenio del CIADI, a título de la Asamblea, es una excelente noticia».

El excandidato a la Presidencia pide estar al pendiente de las acciones que tome la Corte constitucional y, en paralelo, fomentar la discusión pública sobre esta «acción fallida» del Gobierno (el regreso al CIADI) que, sostiene, es de «trascendencia nacional».

«No ha habido información suficiente sobre un asunto que es de interés nacional, en parte por una supuesta complejidad técnica, y en parte por la opacidad con la que se ha tratado desde el Gobierno; ha sido complicado colocar el tema en la agenda de los medios de comunicación».

TLC con México, antesala para adherirse a la Alianza del Pacífico

Bajo el Gobierno de Guillermo Lasso el giro de la política exterior de Ecuador sigue su curso. El cambio de orientación comenzó durante la administración de Lenín Moreno, en un primer momento cuando el país suramericano abandonó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y, luego, con los preparativos para convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico.

La incorporación a la Alianza, sin embargo, entraría en contradicción con principios constitucionales, asegura Arauz. Para formar parte de este bloque regional, explica el excandidato presidencial, Ecuador necesita tener firmados acuerdos de libre comercio con todos los países que lo integran: Chile, Colombia, México y Perú.

Actualmente Ecuador tiene acuerdos de libre comercio con Colombia y Perú, que forman parte de la Comunidad Andina, y con Chile. Únicamente hace falta establecer uno con México, no obstante, el Gobierno de López Obrador está exigiendo una cláusula de arbitraje inversionista-Estado.

Se trata de un elemento que contraviene la Constitución ecuatoriana que en su artículo 422 señala que «no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas».

Bajo estas condiciones, y sin cambios a la Constitución, el Gobierno se verá impedido de suscribir un tratado de libre comercio con México y, por lo tanto, de incorporar a Ecuador como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. La administración de Lasso, sin embargo, no da por muerto el asunto.

En agosto pasado el mandatario suramericano se reunió con el presidente López Obrador en la capital mexicana, donde acordaron el establecimiento de 11 mesas de negociación para resolver diferencias en materia de inversión, aranceles y aspectos técnicos, entre otros temas. El principal obstáculo, sin embargo, sigue siendo la incorporación de la cláusula de arbitraje-inversionista.

Por otro lado, un tratado de libre comercio con México, advierte Arauz, traería consecuencias negativas para la nación norteamericana. «Hay dos productos rehenes, el plátano y el camarón que, en caso de ingresar a México, llevarían a la quiebra a varias entidades de ese país, y no creo que haya la voluntad política del Gobierno de López Obrador para aceptar algo así».

Andrés Arauz considera que la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que nació más como un «bloque político de Gobiernos de orientación conservadora», y menos como una plataforma para la integración productiva.

Si bien el Gobierno de Lasso presenta a la Alianza como un instrumento capaz de potencializar el desarrollo de la economía ecuatoriana, cuyo eje de acción se mantiene «al margen de ideologías políticas», el bloque está lejos de representar una «catapulta para las exportaciones» y un «imán para la inversión extranjera directa», asevera Arauz.

El comercio entre los países de la Alianza del Pacífico es muy poco y prácticamente no existen eslabonamientos productivos. Sus exportaciones son sobre todo extrarregionales, mientras el grueso de los flujos de inversión extranjera directa proviene de EE.UU., China y países de la Unión Europea como España.

Fuente: RT

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