Esta mañana, un contingente se ha concentrado en el Monumento a la Revolución para avanzar por las inmediaciones de la Plaza de la República hacia los Pinos. Se trata de integrantes de diversas organizaciones campesinas y miembros de la sociedad civil que protestan en contra de la iniciativa de la Ley General de Aguas (también llamada #LeydeAgua) que actualmente se encuentra en manos de los legisladores para su aprobación. Las autoridades prevén la participación de unos 30 mil manifestantes.

Ruta de la movilización:

De acuerdo con diversas organizaciones protectoras de Derechos Humanos, tales como Fan México (Red Mexicana de Acción por el Agua), Agua para Todos y Greenpeace, la iniciativa favorece la privatización y la mercantilización del agua, cuando debería establecer las normas con las que habría de garantizarse el acceso universal a este líquido y al saneamiento, previstos en el artículo 4 de la Constitución, donde se lee «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible».

Los manifestantes protestan tanto por la forma en la que la iniciativa ha transitado por las Cámaras (el 5 de marzo, diputados del PRI, PAN y PVEM de las Comisiones Unidos de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron en fast track el dictamen para discutirlo en el pleno), como por su contenido.

En su artículo 49, la ley reduce el acceso al agua al «mínimo vital» de 50 litros diarios para hidratación, higiene y otros usos, frente a los 100 litros previstos por la Organización Mundial de la Salud y ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, limita el acceso al agua a los habitantes de asentamientos legalmente constituidos (art. 10 XLVII) y no a todo ser humano, como lo manda la Constitución.

En su artículo 129, la ley favorece una concepción mercantil del agua, en contra de una visión de derecho. Además, el concepto de «asignación» de aguas nacionales a entidades públicas es sustituido por el de «concesión», y se inclina hacia los concesionarios participantes en obras de construcción y explotación, antes que a los usuarios, según afirman las organizaciones que se oponen.

Uno de los puntos más preocupantes para los campesinos es la promoción del fracking que, de acuerdo con Fan Mexico (Red Mexicana de Acción por el Agua), Agua para Todos y Greenpeace, hace la ley. En su artículo 10 LVI, se prevé el «uso de agua para la extracción de cualquier sustancia para cualquier proceso de transformación». El fracking es una técnica para la extracción de gas y petróleo que utiliza cantidades muy grandes de agua. Se calcula que para la fracturización de la un solo pozo se necesitan ente 9 y 29 millones de litros de agua, que se contaminan con cerca de 300 mil litros de sustancias tóxicas sumamente difíciles de limpiar.

Los campesinos temen que, bajo las figuras de uso de suelo y servidumbre forzada, introducidas por la Reforma Energética, en las que se considera la posibilidad de hacer uso de suelo rural para la explotación de petróleo o gas por parte de Pemex o concesionarios privados, sumado al excesivo uso de agua para este fin previsto en en la iniciativa, se les devuelvan tierras y infértiles y aguas contaminadas si llegaran a ser requeridas por el gobierno.

Aunque existen propuestas alternativas de redacción de la Ley General de Aguas formuladas por estos organismos, no han sido tomadas en cuenta por los legisladores.

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