Con las comparecencias de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, previstas para hoy, la Comisión de Salud aspira a cerrar la etapa de receptar testimonios dentro del proceso de investigación sobre la emisión irregular de carnés de discapacidad.

El presidente de la Comisión, William Garzón, explicó que la próxima semana se procesará toda la información recibida tanto por los comparecientes como por las instituciones encargadas de emitir los carnés y además procesar los beneficios a quienes poseen las credenciales. Si luego del análisis de la documentación se necesita una nueva comparecencia, esto lo decidirá la Comisión, indicó.

Hasta el momento receptaron el testimonio de funcionarios públicos, representantes de las entidades relacionadas con los carnés de discapacidad, así como de los asambleístas que fueron nombrados respecto de la adquisición de vehículos con carné de discapacidad.

La investigación se inició por encargo del pleno de la Asamblea y frente al escándalo de un inusual incremento en la obtención de carnés de discapacidad que también lo tenían los involucrados en el proceso de corrupción por compra de medicamentos, durante la emergencia sanitaria, en los hospitales de Guayaquil.

Uno de los últimos legisladores en comparecer ante la Comisión fue el asambleísta socialcristiano Ramón Terán, quien reveló que el carné de discapacidad lo obtuvo en menos de tres meses, por una discapacidad física por artrosis grave.

Dijo que está dispuesto a una reevaluación de su discapacidad y afirmó que no se acogió a ninguno de los beneficios como rebajas por el pago de servicios básicos o importar vehículos de lujo.

Las críticas de los miembros de la Comisión se centraron en la rapidez que obtuvo la credencial tomando en cuenta que hay casos que demoran años. Terán dijo que a lo mejor por ser asambleísta aceleraron el proceso, pero que él cumplió lo que manda la Ley.

Garzón recordó que la fiscalización será política y con base en ello, una vez que se tenga toda la información, la Comisión realizará las recomendaciones del caso.

El plazo para presentar el informe vence en dos semanas, pues el pleno de la Asamblea el pasado 14 de julio aprobó una resolución que encarga a la Comisión el inicio de una investigación respecto del otorgamiento de carnés a los asambleístas y sus cónyuges a partir de 2013, cuando el Ministerio de Salud asumió la competencia para la entrega de estas credenciales.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, compareció dos veces ante la Comisión que investiga el caso, en las dos presentaciones ratificó que en el país existen 512 187 personas con carné de discapacidad.

Que durante la emergencia se emitieron 3000 credenciales, de las cuales 1650 están en proceso de notificación, 1140 en proceso de anulación y que en 210 casos se comprobó que fueron emitidas de manera fraudulenta.

Que al momento existen 22 funcionarios del Ministerio de Salud que están sometidos a sumarios administrativos para su separación, debido a que una auditoría al sistema informático determinó que emitieron 2454 credenciales de manera irregular.

Además, en su comparecencia, el ministro Zevallos solicitó a la Asamblea Nacional que se reformen al menos cinco artículos de la Ley Orgánica de Discapacidades para que la autoridad sanitaria pueda anular o rectificar una calificación de discapacidad cuando esta haya sido concedida por error, negligencia o dolo. (I)