Se instala en Quito audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Ola Bini y Marco Argüello, acusados de acceso no consentido a un sistema informático

Quito –

Con la presencia de organizaciones sociales como parte de una misión de observación para garantizar el debido proceso es como se instaló, la mañana de este jueves, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el sueco Ola Bini y el ecuatoriano Marco Argüello, ambos acusados del delito de acceso no consentido a un sistema informático.

La diligencia se da desde las 09:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y arrancó con la evaluación de elementos que podrían generar la nulidad de todo lo actuado durante la etapa de instrucción fiscal. La diligencia se instala luego de cinco diferimientos y estará dirigida por la jueza de Pichincha, Yadira Proaño.

A su ingreso a la audiencia, Carlos Soria, defensa del sueco Bini, dijo que no entiende cómo un proceso así ha demorado tanto y con más de 120 violaciones a derechos humanos de su cliente. Aseguró que esperan que la justicia sea la que obre dentro del proceso y ya no más las presiones políticas como las que han existido hasta este momento.

«Desde que empezó todo esto recordemos que fue una declaración de una exministra de Gobierno que inculpó a Ola Bini de haber hecho cualquier otra cosa, junto a otras dos personas que nunca aparecieron. En primer momento era desestabilización al Gobierno del Ecuador, luego ataques a sistemas informáticos, que tampoco pudieron probar y luego un acceso no consentido. entonces eso es algo que nosotros hemos visto como un ensañamiento de parte del Gobierno del Ecuador en contra d euna persona que decidió radicarse en el mismo», apuntó Soria.

En agosto de 2019, a días de que concluya la instrucción fiscal en este caso el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción para pedir a la jueza Proaño dé paso a la reformulación de cargos, para en lugar de investigarlos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos se los procese por acceso no consentido a un sistema informático.

Fiscalía habría ubicado elementos que revelaban que el extranjero ingresó de forma ilegal a servidores de entidades públicas. La información habría sido extraída de un teléfono celular de Bini, al cual peritos informáticos de criminalística ingresaron al obtener la clave de nueve dígitos. (I)